La Corte Constitucional estudia una acción de tutela que busca que haya un resarcimiento por el derrame de 283 kilos de un fuerte químico denominado Lorsban en la bahía de Cartagena en 1989 por parte de la empresa Dow Química de Colombia S.A.
Dicho derrame afectó, según la Fundación para la defensa del interés público (Fundepúblico), al menos 3 km cuadrados y generó pérdidas para el sector pesquero, cuantificados en un proceso de acción popular, por más de 12 mil millones de pesos.
“DOW nunca ha pagado por el daño ambiental. La empresa se limitó a tomar las medidas correctivas para que no se repitiera un hecho similar, contrató personal para recoger el pescado muerto y realizó una donación de 35 millones del Fondo Pro-Pesca Artesanal”, señaló Fundepúblico.
El caso llega a la Corte 25 años después. En este proceso, un juzgado de Cartagena había dictaminado la responsabilidad de Dow Química por el daño ecológico, pero en segunda instancia, el Tribunal de esa ciudad, revocó la decisión por considerar que una acción popular no era el medio idóneo para declarar dicho daño.
El caso fue llevado a la Corte Suprema de Justicia que afirmó que una acción popular no puede ser indemnizatoria y que, por lo tanto, tampoco tiene la posibilidad de restaurar el daño a los bienes de uso público.
Con la tutela, los accionantes esperan que la Corte se pronuncie y haya una declaratoria de responsabilidad por el derrame químico.
A juicio de Fundepúblico, “se malinterpreta el alcance de las acciones populares al afirmar que éstas sólo tienen carácter preventivo. En segundo lugar, al exonerar a DOW del daño causado, y de la sanción económica, crea un precedente y un incentivo perverso para dilatar los casos en los estrados judiciales o en instancias administrativas”.
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