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Defensoría denunció despilfarro de agua por parte de la minería ilegal

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La brigada humanitaria enviada por la Defensoría del Pueblo a seis departamentos del país, entregó su reporte de los perjuicios que está generando la minería ilegal, expresando especial preocupación por el despilfarro de agua que agravan la situación de sequía que atraviesa el país.

Los hallazgos en zonas rurales de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar evidenciaron que debido a este flagelo, son desperdiciados 13 millones de metros cúbicos de agua al año, los cuales son devueltos a los ríos en condiciones de alta toxicidad por el vertimiento de sustancias como el mercurio y el cianuro.

Otra de las consecuencias identificadas fue la deforestación de bosques naturales y demás ecosistemas (en promedio 16.700 hectáreas por año) para el apalancamiento de las minas, y deterioro de actividades básicas como la pesca y la agricultura, las cuales se han visto afectadas durante el fenómeno de El Niño.

Adicional al daño ambiental, también se observó que las minas ilegales carecen de medidas de higiene, seguridad (respecto al uso de explosivos) y excavación técnica para el trabajo al interior de los socavones. Relacionado a la falta de prevención, la Defensoría encontró trabajadores hospitalizados por intoxicación debido a los químicos utilizados, con el agravante que no cuentan con afiliación al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Otro de los hallazgos de la brigada humanitaria fue la injerencia de los grupos armados ilegales, que extorsionan mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción de las minas y el uso de la maquinaria, o en otros casos son los mismos subversivos quienes patrocinan la explotación para financiar sus acciones delincuenciales.

La Defensoría también reportó que alrededor de este negocio ilegal se producen asesinatos selectivos y amenazas contra los líderes de las comunidades resistentes al ingreso de la maquinaria.

Finalmente, el ente defensor de derechos humanos anunció que hará seguimiento al plan de formalización del Gobierno Nacional que busca regular esta actividad y que exista un monitoreo estricto a los complejos de extracción, para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales a la salud, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad pública de los colombianos.

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