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Los cuatro delitos ambientales más multados en Cartagena

Cuidar el medio ambiente no es tarea fácil, sobre todo en Cartagena, una ciudad con una ubicación privilegiada, rodeada de importantes cuerpos de agua y un gran pulmón verde que hoy lucha contra la ocupación ilegal, la erosión y la invasión de depredadores humanos.

El informe de Calidad de Vida 2017 de Cartagena Cómo Vamos, reveló tres grandes fallas en el manejo ambiental de la ciudad: no existen mediciones de aire y ruido actualizadas, la producción de residuos sólidos por persona sigue aumentando, y no hay una política pública para promover el reciclaje. Esto sin contar que desde hace más de cinco años no se actualizan las mediciones que permitan verificar si las acciones que mitigan los impactos y reducen la contaminación acústica están surtiendo los efectos deseados.

A falta de dolientes, el medio ambiente de Cartagena vive en constante degradación y genera todo un desafío alrededor de alcanzar el desarrollo sostenible para beneficio de los recursos naturales y la vida sana de los habitantes.

El grupo Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena, a través de la línea de Vigilancia y Control, se enfrenta a ‘malhechores’ ambientales y depredadores humanos que son capturados por cometer conductas delictivas contra el medio ambiente en La Heroica y sus alrededores.

El coronel Misael Ortiz, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana Mecar, enumeró los delitos que más se cometen contra el medio ambiente en la ciudad, y que están consagrados en el Código Penal, la Ley 599 de 2000, la Ley 99 de 1993, la Ley 489 de 1998, la Ley 

1. Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables

La norma señala que el que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana, deberá pagar una pena de 48 a 108 meses de prisión y multa de 35.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Para el coronel Misael Ortiz, esta conducta delictiva es la que más se repite. “Aquí siempre tenemos captura por tráfico de especies, pues hay personas que comercian mucho en la ciudad con aves, tortugas e iguanas. Últimamente hemos detectado que hasta trafican con serpientes”. Para el oficial, durante Semana Santa son más los capturados dada la tradición de los habitantes de la Costa Caribe de comer este tipo de especies, en especial hicoteas.

En 2017, fueron capturadas 35 personas por tráfico de aves silvestres, huevos de iguana, tortugas, chigüiro, venadillo y conejo. Hasta septiembre de este año van 24 capturas por este delito.

2. Daños en los recursos naturales

El artículo 331 establece que el que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo, dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que estén asociados con estos, deberán pagar una pena de 48 a 108 meses en prisión, y de 133,3 a 15 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El daño ambiental que ha sufrido en los últimos meses el cerro de La Popa tiene en alerta a las autoridades. Para el coronel Misael Ortiz, la lucha para cuidar este pulmón natural no para a causa de personas que atentan contra los recursos naturales en esta zona e insisten en utilizar espacios consagrados como de conservación ecológica.

El Universal ha publicado denuncias de líderes de la zona que señalan a grupos de particulares de deforestar este bosque nativo y seco tropical para vender lotes. Frente a esto, el coronel Ortiz sostiene: “Aquí en esta zona se realizan constantes operativos porque se presenta mucha tala de árboles”. Hasta la fecha, 5 personas han sido capturadas por este delito.

3. Contaminación ambiental por residuos sólidos

Lo que señala la norma es que el que con incumplimiento de la normatividad existente almacene, transporte o disponga inadecuadamente residuo sólido, peligroso o escombros, de tal manera que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo, deberá pagar entre dos y nueve años de prisión, y una multa entre 133,3 y 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“En los últimos días fueron capturadas dos personas que, con una volqueta, fueron a disponer de manera ilegal desechos en el sector de La Boquilla. La captura de los individuos se realizó en flagrancia y al investigar la procedencia de la volqueta logramos constatar que esta provenía de una construcción en el barrio Getsemaní, en el Centro, a donde también llegamos para emitir a los dueños de la construcción la respectiva sanción”, explicó el coronel Ortiz para ejemplificar las acciones contra esta conducta delictiva.

Y es que la disposición ilegal de escombros u otro tipo de residuos parece una práctica habitual en La Heroica. Según la Policía Ambiental, este año han sido capturadas tres personas por rellenar con escombros la ciénaga de la Virgen, otro importante cuerpo de agua para la ciudad, espacio que las autoridades no han rescatado como recurso paisajístico e hídrico, de navegación turística, y de subsistencia.

Recordemos que a finales del mes pasado la Procuraduría le envió un oficio al Ministerio de Ambiente, la Dirección Marítima (Dimar), el Distrito de Cartagena, Cardique, la Policía Metropolitana, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Alcaldía de la Localidad 2, para que en 30 días indiquen cuáles serán las acciones coordinadas para frenar la ocupación y el relleno en la ciénaga de la Virgen, y además deben recobrar las áreas invadidas e iniciar la recuperación de la ciénaga y de las zonas aledañas.

El ente de control fue claro en asegurar que no está pidiendo un informe de qué han hecho, sino acciones concretas para la recuperación total de la zona.

4. Explotación ilícita de yacimientos mineros

El artículo 338 señala que el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad explote, explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, deberá pagar de 32 a 144 meses de prisión, y multa de 133,3 a 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Para hablar de este delito, es necesario resaltar que, pese a que en el área metropolitana de Cartagena no encontramos este tipo de actividades, sí realizamos operativos en la zona rural y en los municipios cercanos a Cartagena donde hemos encontrado a particulares que con máquinas de extracción buscan arena, balasto o algún tipo de material de construcción”, expone el oficial.

En lo que va del 2018, dos personas fueron capturadas por este delito en el municipio de Turbaco y se incautaron dos máquinas.

Cultura ambiental, clave

Ortiz enfatiza que salvaguardar el medio ambiente no es solo una cuestión de realizar más operativos y efectuar más capturas, sino que se necesita más trabajo pedagógico en el que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, y empezar a trabajar por la cultura del amor por la naturaleza.

“Desafortunadamente aún nos falta mucho en consciencia ambiental. Aquí en Cartagena, por la misma situación sociocultural, hay una depredación de muchos hábitat naturales. Observamos por ejemplo que la depredación de la ciénaga de la Virgen muestra a gente perversa que está atacando los recursos naturales e hídricos que pueden tardar muchos años en volver a existir.

Se trata de un recurso que no siempre es renovable, depende del daño al que se le ha sometido. Por eso la comunidad debe ser educada para cuidar el medio ambiente. Que sea un hábito botar un papel en la caneca y no en la calle, desde ahí empieza todo”, sostiene el jefe de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cartagena.



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