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Medio ambiente, víctima silenciosa de los acuerdos de Cuba

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Son cuatro los temas ambientales que quedaron explícitos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto: agua, cultivos ilícitos en las áreas protegidas, cierre de la frontera agrícola y minería ilegal. No se menciona nada sobre deforestación ni condenas por delitos ambientales. Sin embargo, los ambientalistas celebraron que el Gobierno y las Farc hayan mencionado, al menos, estos puntos, aclarando que este es apenas el inicio de un largo proceso de implementación en el que el “cómo” no es tan claro.

Una de las expertas que ha estado al tanto del componente ambiental de los acuerdos es Sandra Vilardy, doctora en Ecología y profesora de la Universidad del Magdalena, quien llevó a La Habana, junto con otros ambientalistas, un listado de propuestas (ver recuadro) que son las claves, según ellos, para garantizar la sostenibilidad. Vilardy resalta que para la academia ha sido positivo que se aborden estas problemáticas y que desde el inicio de la discusión lo han visto como una ganancia.

“Aplaudimos que al menos algunos puntos ambientales hayan sido mencionados, porque suele suceder que siempre se dejan por fuera cuando se habla del conflicto armado. Ahora, sí es cierto que lo ambiental pudo haber quedado mejor representado y por eso fuimos a Cuba, con una serie de preocupaciones”.

En ese sentido, ¿cuáles son los alcances de los temas ambientales en el Acuerdo? ¿Cuáles son las problemáticas que deberían tener mejor tratamiento? ¿Qué hizo falta?

La académica Vilardy indica que lo prioritario es considerar que los ecosistemas y el territorio han sido también una víctima del conflicto armado. “Cuando los guerrilleros vayan a los tribunales, los jueces deberían tener en cuenta los delitos no solamente contra el medio ambiente, sino entender al territorio como una víctima de los actores armados con acciones concretas como la voladura de oleoductos, el deterioro de los suelos con los cultivos ilícitos. Este es un territorio que ha sido usado como fuente económica para financiar el conflicto”.

En ese sentido agrega que ha revisado con detalle las penas para los excombatientes. “Los guerrilleros tienen unos conocimientos ecológicos tradicionales importantes que deben ser usados para pagar sus penas y pueden tener trabajos asociados a la restauración de ecosistemas y de territorios. ¡Ellos tienen el conocimiento! Los lugares donde se van a concentrar los guerrilleros deben estar asociados a procesos de ordenamiento territorial ambientalmente sostenibles”.

Puntos pendientes

Aunque en el Acuerdo hay asuntos pendientes, la profesora Vilardy sostiene que los puntos que sí fueron mencionados su abordaje quedó diluido. “Por ejemplo, la conservación del agua queda explícito, pero no está con el detalle que esperaríamos. El cierre de la frontera agrícola es el gran dilema del país. Mire, le insisto, es muy valioso que estos temas estén en los acuerdos, que quede escrito, pero implementar esto será muy difícil porque tenemos un Gobierno que está pensando en que una de las bases de su economía son los negocios verdes. Todavía nos falta mucho para concretar ese uso del suelo. Hay un reto grande y la verdad es que no sé cómo lo vamos a resolver”.

Frente a los cultivos ilícitos en los Parques Nacionales Naturales, dice que no hay claridad de su protección, sobre todo si se reviven las aspersiones. “Yo creo que el Gobierno tiene claro que la erradicación tiene que ser manual. La minería ilegal apenas quedó mencionada y la deforestación no aparece. Sin embargo, considero que tienen que quedar más explícitos porque estos son delitos contra el medio ambiente y ellos se han financiado con el uso del suelo”.

Vilardy resalta, sin embargo, que el Acuerdo deja claro que tanto el Gobierno como la guerrilla le apuestan a generar territorios no solamente más equitativos, sino también sostenibles y adaptados al cambio climático.

Un compromiso

Entretanto, el experto en ambiente, Ricardo Lozano, indica que el concepto que se debe comenzar a estructurar es el de paz ambiental. “Hay una guerra en los territorios por el agua, una guerra en la que hoy en día la gente accede a los recursos sin una planificación seria, sin una estrategia de ordenamiento y sin una política clara pensando en el futuro. Hay que buscar la paz ambiental”.

Agrega que tanto las Farc como el Gobierno desde el primer día de conversaciones pusieron sobre la mesa un gran componente de conservación y de protección y de sacar a la naturaleza de todo el conflicto y “eso hay que cumplirlo”.

Contrario a lo anterior, para Carlos Tapia, investigador del Instituto Alexander von Humboldt, no es tan clara la relación entre ambiente y conflicto y pide que se revise la institucionalidad ambiental. Indica que el país vive en una relación con el medio natural que es conflictiva, “muy compleja y diversa donde además le sumamos que hay conflicto armado, pues entonces las cosas se nos enredan” y agrega, que existen otras variables que complejizan el panorama ambiental.

El experto indica que, por ejemplo, en los casos de siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal, la falta de control del Estado de algunas áreas “existen elementos extras que se suman a las dificultades de hacer una gestión territorial acorde con la diversidad y riqueza que tiene nuestro territorio. Se ha dicho que el conflicto se volvió la causa del deterioro ambiental, y no, en paz también hay muchos conflictos asociados al deterioro de los ecosistemas”.

Tapia indica que Planeación Nacional reveló un dato que dice que más del 50 % de la deforestación del país se da en regiones en conflicto. “Con eso se afirma que el conflicto ha ocasionado esa deforestación, esa es una manera de verlo. La otra es preguntándose: ¿qué pasa en las áreas que no están en conflicto y tienen deforestación? Si se acaba el conflicto no necesariamente se termina la deforestación porque hay procesos de aprovechamiento y transformación de los bosques que están ocurriendo, haya o no conflicto”.

Explica que más allá de la variable de conflicto, hay problemáticas ambientales adicionales que se deben a que el país no tiene los acuerdos sociales ni la capacidad normativa ni institucional para evitar ese proceso de deforestación. “En ese sentido, insisto, la sola eliminación del conflicto armado no necesariamente nos lleva a suprimir la mitad de la deforestación del país. Todos los deterioros al ambiente no se van a terminar si no fortalecemos las instituciones. No tenemos conocimiento, ni acuerdos sociales, ni normas, ni reglas que nos permitan controlar esos deterioros”.

Bosques de paz

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, destaca que el Acuerdo para la terminación del conflicto es un punto de partida que brinda la oportunidad de generar cambios en las zonas en las que había incidencia de las Farc, en puntos como la ampliación de la frontera agrícola, los cambios de uso del suelo y la explotación ilícita de los recursos naturales.

“Este Acuerdo nos da la posibilidad de resolver uno de los temas que ha estado pendiente y es cómo se integran a las comunidades a la conservación y el manejo de los ecosistemas estratégicos, incluyendo los declarados como áreas de reserva. Nuestra apuesta es no generar lo que han llamado desplazamiento técnico. Esto nos lleva a todo lo que tiene que ver con la conservación y con la buena administración del recurso hídrico”.

El ministro Murillo reconoce además que hay varios desafíos en el marco de la implementación de lo acordado en La Habana. “Considero que hay que tener cuidado porque se vienen una serie de obras de infraestructura que necesitan estas regiones apartadas, pero hay que hacerlo de tal manera que no generen altos impactos ambientales negativos.

Además, todo esto debe estar ligado a la posibilidad de poder compensar a muchas familias de estas zonas por el servicio ambiental que prestan, y para eso hay que tener algún instrumento legal para el pago por servicios ambientales”.

Puso como ejemplo la delimitación del páramo Las Hermosas en Tolima. “Este era un santuario de las Farc y era complicado que nuestros técnicos accedieran. Ahora es más fácil garantizar la conservación de esa zona porque -este es uno de los dividendos de la paz- ya podemos ingresar a toda el área, incluso con personas que se movieron desde la ilegalidad”.

¿Hizo falta algo en el Acuerdo? Murillo indica que hay que aplaudir lo acordado y que con eso hay que trabajar. “Le insisto, tenemos la oportunidad de concretar los beneficios ambientales de la paz y podemos hacer unos cambios importantes en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Desde ya estamos planteando un programa que se llama Bosque de paz que también incluye páramos, donde queremos tener guardianes de paz y ambiente que nos va a permitir que excombatientes de las Farc y las comunidades puedan recibir compensaciones por estos servicios”.

Por último, Murillo explica que desde ya su Ministerio está consolidando una agenda que permita apostarle a la paz desde la conservación y la sostenibilidad ambiental.

“Ya lanzamos el primer Bosque de paz en Mitú. La idea del programa nació en Carmen de Bolívar, donde ya hay 180 jóvenes que se graduaron de guardianes de paz y ambiente en una región golpeada por el conflicto. Es decir, en el Ministerio ya arrancamos para llegar al territorio con hechos de paz. En este momento tenemos varios tipos de Bosques de paz, en unos hacemos reforestación y se hará con bosque seco tropical. Hay otro modelo y es el de enriquecimiento de bosques naturales que fue el que llevamos a Mitú”.

En este caso lo que se hará, agrega el ministro Murillo, es plantar más árboles para enriquecer el bosque. Lo novedoso es que la comunidad decidió que cada árbol va a tener el nombre de una víctima. “Además, desarrollamos un dispositivo para que cualquier persona en el mundo entero pueda adoptar un árbol, nosotros hacemos una inversión inicial y alguien lo adopta y paga para que las familias campesinas los cuiden. Eso es la paz, que las familias de campo tengan cómo cuidar los árboles”.

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