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Protección al medio ambiente debe discutirse en Cuba: Consejo de Estado

El Consejo de Estado le solicitó al Gobierno Nacional que incluya en la agenda de diálogos con la guerrilla de las FARC: la protección del ambiente sano, los bienes ambientales, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y la naturaleza. Dicha petición la amplían a las negociaciones con cualquier grupo insurgente.

La Sección Tercera le solicitó además a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a las Farc y a aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por un atentado al oleoducto Trasandino, ocurrido el 15 de abril de 1996, en jurisdicción del municipio de Puerres (Nariño).

Según los informes escritos del Comité de Atención de Desastres, las explosiones ocasionadas produjeron daños ambientales, definidos como las afectaciones a las actividades de las personas que se surtían de bienes ambientales (pesca), y daños ecológicos, referidos a la degradación o modificación del medio natural, derivados de la contaminación en los bienes ambientales de la zona.

La Sala señala que los bienes ambientales están protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que tales situaciones representaron la violación del artículo 55 del Convenio I de Ginebra, que regula los conflictos armados internacionales y establece que “en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves”.

“Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o supervivencia de la población. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”, agrega el artículo.

Así mismo, y según el artículo 14 del Protocolo II al Convenio de Ginebra, se prohíbe atacar o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

El pronunciamiento lo hace el alto tribunal al declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa por la muerte de un miembro del Ejército encargado de la protección del oleoducto trasandino cuando fue víctima de una emboscada propiciada por un grupo insurgente en la vía Puerres-Ipiales (Nariño), el 15 de abril de 1996.

La Sala señaló que se demostró la falla en el servicio, pues los soldados no tenían la preparación ni el entrenamiento para los traslados en convoy, ni hubo la vigilancia al respecto por parte de los mandos oficiales; no se observaron los procedimientos reglamentarios para ese tipo de desplazamientos; no hubo medidas de inteligencia y contrainteligencia para determinar si existían movimientos de miembros de grupos armados insurgentes; hubo retardo en el apoyo militar pese a la cercanía de las bases militares.

Igualmente, se comprobaron fallas en la cadena de mando, por lo que el Consejo de Estado llama en garantía a los altos mandos de la Tercera Brigada, que se desempeñaban como tal en esa época.

La decisión hace parte de lo señalado por la Sala en decisiones anteriores en donde se explica la responsabilidad por el principio de humanidad en el conflicto, pues la Fuerza Pública no solo está llamada a enfrentar a la delincuencia o a los grupos irregulares, sino que también está obligado, principalmente, a adoptar las medidas de precaución, prevención y contención adecuadas para preservar la vida y dignidad de sus miembros, y los grupos insurgentes deben respetar tales derechos.

Por tal razón, se pide que se investigue al grupo armado insurgente por las acciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este caso, valdría como precedente para otros atentados producidos por las Farc a oleoductos o para eventos como el derramamiento forzado de crudo en vía pública, afectando a las comunidades, ríos, entre otros.



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