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Arias Cabrales, en el epílogo de su proceso

Todo parece indicar que después de siete meses de haber terminado las audiencias probatorias y los alegatos de conclusión, esta semana se conocerá la sentencia contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército y "cerebro" del operativo de retoma al Palacio de Justicia hace 25 años.

Arias, quien horas después de asumir el control total del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, fue condecorado por su labor, hoy espera que se escriba el último capítulo de su "novela" judicial sobre su responsabilidad en la desaparición de 11 personas que se encontraban al interior de la edificación, las cuales habrían sido torturadas y asesinadas en el hoy Museo de la Independencia- Casa de Florero.
Aquel día, algunos sectores de la opinión pública lo señalaron como responsable de que los cuerpos de las víctimas fallecidas en el palacio fueran movidos con el propósito de alterar los análisis forenses.
Sin embargo, Arias, que actuó desde el interior del Palacio y cuyo rostro no es tan conocido como el de otros militares, pues en ningún momento cumplió la labor que le ordenaba el Manual de Inteligencia de Combate del Ejército de dar información a la opinión pública en su calidad de comandante de la operación, ha negado desde entonces su responsabilidad en los hechos.
Los cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza y el manejo de los rehenes y de los cuerpos fueron respondidos por el oficial en retiro, en un informe que presentó días después y aún como comandante de la Brigada XIII. Su veredicto fue que los desaparecidos habían muerto en el cuarto piso a manos de los guerrilleros y sus cuerpos habían sido calcinados por el fuego, lo que impidió su reconocimiento.
Aseguró que el levantamiento de los cuerpos había sido "legal", que ningún magistrado ni guerrillero del M-19 habían salido con vida del Palacio y negó que hubiesen sido ultimados por la Fuerza Pública.
Los familiares jamás olvidarán sus palabras el día en que lo conocieron cara a cara, cuando les dijo que sus seres queridos eran "guerrilleros que habían apoyado el ingreso de armas y municiones para el M-19. Ellos están en el monte", fue su respuesta ante los parientes de Carlos Augusto Vera, administrador de la cafetería; María del Pilar Guarín, cajera; y Lucy Amparo Oviedo, una de las visitantes de ese día al Palacio.
Y tras más de dos décadas, Arias prefiere guardar silencio. Únicamente dice que después de tanto tiempo no se acuerda de nada. Sólo se limita a criticar la actitud de la justicia contra los militares "que habían defendido la democracia y dejado en libertad a los que atentaron contra las instituciones".

El proceso
Después de dos demandas en su contra y que en 1990 el entonces Procurador General de la Nación Alfonso Gómez Méndez pidiera su destitución al considerar que se había "apartado del derecho de gentes" en su afán por desalojar la sede judicial y pasar por alto medidas "tendientes a proteger la vida de los rehenes", Arias gozó de su libertad hasta el 2007, cuando la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, llamó a indagatoria por su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y secuestro.
La Fiscalía utilizó en su contra las grabaciones del radioescucha aficionado Pablo Montaño, quien con un equipo casero interceptó las señales de los radios utilizados por los militares durante la retoma. El contenido de las órdenes fue revelado en noviembre de 2007 por el periodista Herbin Hoyos.
En dichas conversaciones “Paladín 6” (Gr Rafael Samudio) y “Arcano 6” (Arias Cabrales) aparecían tomando decisiones al enterarse que el personal de la Cruz Roja no había ingresado al edificio a realizar su labor humanitaria de cese al fuego.
“Paladín 6”: "Entiendo que no han llegado lo de la Cruz Roja por eso estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar y consolidar, acabar con todo y consolidar el objetivo".
En una versión libre rendida ante la Fiscalía en julio de 2008, Arias Cabrales aseguró no recordar nada de sus actuaciones en los hechos del Palacio e igualmente negó tener conocimiento de un sitio en la Escuela de Caballería donde, según varios testimonios, fueron conducidas las personas para ser interrogadas.
Según el ex comandante de la Brigada la persona que impartía y recibía órdenes desde ese lugar era el coronel Luis Carlos Sadovnick, identificado en las grabaciones como ‘Arcano 5’ quien operó durante los dos días de la toma desde su puesto de control ubicado en la Brigada XIII.
Después de presentarse en el interrogatorio ante la Fiscalía y señalar que desconocía la suerte de los rehenes que fueron liberados por personal del Ejército, el 10 de octubre de 2008 el ente investigador ordenó su arresto.

El juicio
Según la fiscal, Arias no sólo estuvo dentro del Palacio durante la retoma sino que además dio órdenes precisas al personal de la Policía de mover a la primera planta los cuerpos que se encontraban entre el tercer y cuarto piso.
Para la fiscal Buitrago, Arias Cabrales, al igual que los otros mandos militares, conocían los planes del M-19 para tomarse el Palacio por lo que la seguridad del edificio había sido retirada el día anterior.
La Fiscal consideró además que la investigación demostró como el general "tuvo dominio de los hechos, compartió fines ilícitos y los medios delictivos" que rodearon la desaparición de 11 personas durante el operativo.
Según la cadena de mando, Arias tenía bajo su responsabilidad las otras unidades tácticas que participaron del operativo, entre ellas la Escuela de Caballería (comandada por el entonces coronel Alfonso Plazas Vega), la Escuela de Infantería, y el B2 del Ejército (comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano).
"No cabe duda que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...", fue una de las frases concluyentes que utilizó la fiscal.
La Fiscalía manifestó que fue en la Casa del Florero donde se estableció el puesto de mando, donde Arias impartió todas las órdenes de procedimiento dentro y fuera del Palacio. Incluso, la Fiscalía comprobó que la Policía pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción.
Fue en la Casa del Florero donde el B2 del Ejército, comandado por Sánchez Rubiano, adelantó las diligencias de identificación de los civiles evacuados. Dice la Fiscalía que este oficial actuó bajo las órdenes de Arias Cabrales.
La Fiscalía también demostró que Arias Cabrales tenía pleno conocimiento sobre rehenes, cuerpos, que aún permanecían en el Palacio, prueba de ello es una comunicación en la que el propio general dio la orden para que siete conductores, que se encontraban en el Palacio, pudieran salir sin ser retenidos por el personal militar.

El pacto de silencio
Durante el juicio la Fiscalía planteó la tesis de un posible "pacto de silencio" por parte de los militares vinculados con la investigación, así lo revelaron algunos testigos en el juicio.
Por estas razones la fiscal Buitrago pidió 40 años de prisión contra el general (r) Arias Cabrales, decisión que fue apoyada por los abogados de la parte civil.

La defensa
La defensa de Arias, abogada Tania Parra Montenegro, señaló que todos los trabajadores de la cafetería murieron calcinados en el cuarto piso y sus cuerpos nunca se habrían podido someter a un reconocimiento genético, por la falta de tecnología que se tenían en estos momentos.
Dijo que no existía ninguna prueba ni testimonio que acusara a su defendido de haber tenido el manejo de los rehenes, pues él "lucho al interior del Palacio, hombro a hombro, con sus hombres, por lo que nunca pudo participar en labores de inteligencia. Él nunca estuvo en la Casa del Florero con los demás mandos militares ni realizó tareas sobre las personas que salían del Palacio".

Los otros procesos
El proceso contra el general (r) Iván Ramírez Quintero, comandante del Comandando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Coici, acusado de la desaparición de la guerrillera Irma Franco continua su curso en el Juzgado 51 Penal de Bogotá.
Mientras que por su parte se espera que a comienzos de enero del próximo año se inicie los alegatos de conclusión contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B-2, acusado de la desaparición forzada y secuestro.
Por los hechos del Palacio de Justicia el único condenado hasta el momento es el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, ex comandante de la Escuela de Caballería. El coronel fue condenado a 30 años de prisión.

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Comentarios

11 personas, y no se acuerda,

11 personas, y no se acuerda, que le metan siquiera 5 años por persona 60 años de cárcel para que recuerde, eso fue a sus espaldas,que pida asilo a panamá.