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Baltasar Garzón ante la justicia por investigación de desaparecidos en España

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Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez español podría ser condenado a un máximo de 20 años de inhabilitación profesional, lo que pondría fin a una carrera que en muchas ocasiones resultó molesta. 

Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, Garzón, de 56 años, está acusado de vulnerar una ley de amnistía de 1977 que dos años después de la muerte de Francisco Franco cerró un pacto de silencio sobre los crímenes de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75). 

A petición de familiares de las víctimas, Garzón intentó en 2006 descubrir la suerte de unos 114.000 desaparecidos, aunque acabó renunciando a ello en 2008 ante la oposición de la fiscalía. 

La argumentación del juez español coincidía con los principios de los tribunales internacionales: las desapariciones forzosas de civiles, cuyos cuerpos nunca fueron hallados, constituyen crímenes contra la humanidad que no prescriben y escapan a la amnistía. 

Las querellas contra Garzón desataron la polémica en España, mostrando que las heridas del franquismo no están cerradas a pesar de la aprobación en 2007 de una ley sobre la memoria histórica para rehabilitar a las víctimas. 

“El tema de los crímenes del franquismo es el gran tema pendiente de la democracia española”, destaca el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez Fresnada. 

Aunque “el paso del tiempo puede hacer parecer que es un tema lejano, es un tema que está ahí, es un tema vivo y es un tema evidentemente político”, agrega. 

El sociólogo Fermín Bouzá, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, subraya la necesidad de recuperar “esos cadáveres, de esas tumbas, de esos esqueletos, identificarlos y devolverlos a sus familias, por largo y difícil que sea el proceso”. 

“Es una obligación moral, ética, política y cívica del Estado español que al día de hoy no ha hecho”, estima. 

Pero, para la periodista italiana Loretta Napoleoni, autora de una biografía de Baltasar Garzón, “pensar que se puede resolver el problema del franquismo en 20 ó 30 años es una locura total”. 

“Es un proceso que necesita más de dos generaciones, son tragedias muy grandes”, dice. 

Arremetiendo contra ese tabú, Garzón se granjeó vivas enemistades en medios conservadores, que lo acusaron de reabrir inutilmente las viejas heridas. 

La personalidad del juez, hiperactivo y mediático, “justiciero universal” que persigue a dictadores, narcotraficantes, corruptos y terroristas, es también fuente de controversia. 

“Hay mucha polarización en torno a la persona del juez Garzón, hay una radicalización en torno a su persona, a favor o en contra”, destaca su abogado. 

Sus partidarios denuncian un complot político. 

La propia fiscalía pidió que sea absuelto, considerando que su intento de investigación no justifica un encausamiento judicial. 

Y algunos de sus defensores, como la organización Human Rights Watch, destacan la “paradoja” de juzgarlo por haber intentado aplicar en su país los mismos principios que lo llevaron, en 1998, a hacer arrestar en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, uno de sus golpes maestros. 

Tras la declaración de Garzón el 31 de enero, el proceso deberá ver desfilar a 22 testigos, todos citados por la defensa en nombre de las familias de los desaparecidos. 

“Por primera vez delante de un tribunal esas personas van a poder contar lo que les hizo la dictadura”, explica Emilio Silva, presidente de la Asociación de la memoria histórica. 

“Que vaya gente de pueblecitos a contar directamente en el Tribunal Supremo lo que les ha pasado, lo que les hicieron, va a ser una cosa impresionante”, concluye. 

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