A raíz del paro armado decretado por el Clan Úsuga (los nuevos paramilitares del país), algunos funcionarios de la Gobernación de Bolívar decidieron aplazar varias visitas a municipios que estaban planeadas. Uno de los viajes que se aplazó fue el del gobernador Dumek Turbay al municipio de Montecristo prevista entre el 4 y 6 de abril.*
Que este reducto paramilitar restrinja la movilidad del Estado representado en el Gobernador de Bolívar y sus funcionarios es un mensaje claro para la comunidad bolivarense: el poder de estos paramilitares es más grande del que se pensaba.
Ni el presidente Santos, ni los mismos cabecillas del Clan Úsuga se imaginaron el impacto que iba a tener en la población este paro armado: miles de colombianos atemorizados reenviando fotos, vídeos y notas de voz vía whatsapp o compartiéndolos por Facebook donde se escucha a supuestos miembros de las bacrim amenazando a la gente que no salga, que empezarán a secuestrar niños o que hay amenazas de bomba en los centros comerciales. Sin mencionar las acciones reales (quema de vehículos y varios civiles muertos por no acatar la orden de paro).
Hay un pánico apoderándose de la población sin que hasta el momento el Gobierno Nacional haya hecho algo (contundente) para contrarrestarlo.
Lo que sí debemos analizar como ciudadanos que habitamos el territorio bolivarense, es qué tan preparadas están nuestras autoridades civiles y militares para enfrentar una situación como un paro armado.
Señor Gobernador: la paz que tanto promulga también se construye generando confianza en la institucionalidad; que el campesino de los Montes de María o el estudiante de Turbaco sientan que pese a cualquier decreto de paro armado hay un gobierno que los respalda y no los deja a su suerte.
Qué bueno hubiera sido que en vez de asistir al acto de entrega de cámaras de seguridad para Cartagena con el alcalde Manuel Vicente Duque, usted hubiera ido con su gabinete a un municipio del Departamento a despachar desde allí.
Recuerde que los alzados en armas cumplen varias funciones que la administración Departamental y el Gobierno Nacional deberían estar cumpliendo, sobre todo en el Sur de Bolívar: tienen establecidos sistemas de seguridad, “imparten justicia” y hasta hacen captación (ilegal) de las rentas, no les permita volver a imponer el régimen del terror en nuestros municipios.
Si de verdad tiene la voluntad de ejecutar acciones contundentes para que tengamos paz, analice con sus funcionarios y asesores cuál es la presencia real de las mal llamadas Bacrim en el Departamento, cuales son los nuevos hechos victimizantes o revictimizantes que está sufriendo la población y considere cómo afectará la presencia de estos grupos en el territorio bolivarense una vez cese el conflicto armado con las FARC y el ELN.
No se trata de hacer colegios o infraestructura deportiva, se trata de garantizar el goce efectivo de esos escenarios y de los derechos de la población. De nada nos servirá tener este tipo de obras si los niños no podrán salir de sus casas por miedo a ser reclutados o a quedar en medio del fuego.
No se confíe con la idea de que estamos a puertas de la paz, donde lo que se lograría eventualmente en La Habana es la terminación del conflicto armado con las FARC. Si quiere lograr la paz debe ponerse las pilas no vaya a ser que sea demasiado tarde.
*Información suministrada de manera no oficial por varios funcionarios de la Gobernación.
