“Queremos un alcalde del pueblo”, “un alcalde del pueblo puede comprender mejor nuestras necesidades”. ¿A qué nos referimos cuando decimos “del pueblo”? Estas expresiones son dichas a diario con tanta prontitud que la mayoría de ciudadanos poco piensa en el sentido y el peligro que alberga dicha proposición. En Cartagena de Indias, entre los 4 últimos alcaldes, 3 de ellos fueron considerados “del pueblo” porque de alguna forma u otra lograron generar empatía con ciertos sectores de la población cartagenera y consolidar el apoyo de las famosas maquinarias y grupos selectos de los que tanto se habla pero contra los que poca cosa se hace para disminuir sus malas influencias.
¿Qué quiere decir «alcalde del pueblo»? Por desgracia en Cartagena aún se enseña a pensar que la confianza debe estar basada en el hecho que determinado candidato viene de cierto barrio, porque es hijo de no-sé-quién y amigo de quién-sabe-quién, lo cual nos lleva a vivir una confianza basada en la emotividad y la moda política que fácilmente se acostumbra a permitir actos ilícitos sin conversar críticamente de ellos porque pueden ser incómodos. Candidato del pueblo es entonces aquel que representa el común denominador, la generalidad, la masificación de voluntades, pero sobre todo, representa la estandarización del ciudadano promedio. El alcalde del pueblo es aquel en quien cualquier ciudadano puede verse no sólo representado, sino materializado.
Ahora debemos preguntar, ¿acaso el ciudadano promedio es siempre el mejor ciudadano? ¿Acaso el gobernante debe ser como cualquier ciudadano promedio o debe destacarse por ser uno de los mejores ciudadanos? ¿Qué quiere decir ser el mejor ciudadano? Tal vez poco pensamos en estos asuntos porque vivimos en una sociedad donde pensar mucho es incómodo, sobre todo cuando los ingresos personales y familiares dependen directa o indirectamente del sector público. El sistema por medio del cual se desarrolla la práctica de la función pública consiste en mirar, callar y distraer.
En vistas de que se ha popularizado en los líderes, lenguajes, actitudes y ademanes que están más cerca de la vulgaridad que de las virtudes, sería de buen provecho preguntarnos si debe haber alguna diferencia entre el lenguaje y la actitud del gobernante y los demás ciudadanos. Si logramos comprender que la figura del gobernante es distinta a la figura de cualquier otro ciudadano del grueso de la población, entonces podríamos preguntarnos también lo siguiente: ¿Debe el gobernante seguir –bailando al ritmo de– la voluntad aparente de la masa social o debe ser capaz de influenciar e inspirar una visión de ciudad? ¿Dónde quedan las habilidades de liderazgo de un gobernante al expresarse de forma vulgar? Podríamos realizar más y más preguntas que apuntan a un caso reciente pero que constituye una línea de práctica gubernamental representada por tres ciudadanos que han conformado un espectáculo mediático que aquí denomino la ligereza del gobernar vulgarmente.
Quien actúa de forma vulgar sólo tiene aceptación entre vulgares. Entendemos aquí vulgar en el sentido de que es aquello que más abunda, que no tiene un rasgo o característica especial, diferente. La idea del alcalde del pueblo como representación del ciudadano común se encuentra fundamentada en el sentido vulgar de ser como cualquiera.
Sin caer en el vicio de la aristocracia, preguntemos: ¿qué clase de ciudadano debe aspirar al gobierno de la ciudad? ¿Qué tipo de líderes necesita la ciudad? ¿Deberían ser los mejores? ¿Por qué serían los mejores? ¿Acaso expresarse de manera respetuosa y demostrar un comportamiento mesurado, prudente hace de los ciudadanos mejores gobernadores? En vez de fundamentar la confianza en la emotividad, debemos racionalizar las prácticas gubernamentales con el fin de lograr el mayor bienestar social y económico posible.
Para todo aquel que le interese mantenerse en la memoria popular como alguien prudente, decente y, sobre todas las cosas, competente, es aconsejable que siga el gobierno de la razón y no permita la manipulación emocional a través de la gestión pública. Sin embargo el gobierno de la razón no sólo exige un lenguaje y un comportamiento más decente, porque implica ante todo, un compromiso estricto con el desarrollo integral de la ciudad.
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