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Ordenamiento territorial (I)

Cursa en el Congreso un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), pendiente de su 3er debate en la Comisión 1ra del Senado. No es la mejor de las ya innumerables que se han presentado, y entendemos que es a causa de la enorme dificultad de conciliar u tema tan denso y lleno de intereses, pero es un avance a resaltar.

Creo que es importante, antes de abordar lo que contiene el proyecto en un artículo posterior, hacer algunas anotaciones respecto al tema para ubicarse en el mismo.

Los constituyentes dejaron en claro en la Carta Política su interés en ahondar la descentralización en Colombia, en especial en los artículos constitucionales 306 y 307; a raíz de ello se han expedido más de 70 normas (como la Ley 60/93, que dicta normas orgánicas sobre la distribución y competencias entre la nación y las entidades territoriales, la Ley 136/94 por medio de la cual se expiden disposiciones para la organización y funcionamiento de los municipios, etc.), y todas desarrollan la descentralización desde sus diversos ángulos.

Entiendo la descentralización como una redistribución de los poderes territoriales, como parte una estrategia del Estado para transformarse de manera continua, para ser funcional y competente respecto a las demandas internas y a las exigencias de la globalización.

Nuestra Constitución, en sus concepciones autonomistas y regionalizadoras, recorre el camino de otros Estados. Es un sistema conocido y depurado, sin embargo hay una discusión relacionada a la redistribución de competencias económicas, normativas y políticas, entre el nivel central y local.

El debate sobre las competencias económicas conlleva a la necesidad de establecer políticas económicas completamente diferentes de las del nivel central. Los sistemas federales reconocen en el poder central las competencias precisas para evitar el fraccionamiento de los países en microeconomías (entiéndase desarrollo económico basado en regiones).

Un ejemplo de ello es la “Cláusula de Comercio” consagrada en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, según la cual el Congreso tiene poder “para regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diversos estados...”; de igual manera, en los federalismos germánicos y en los regionalismos de Italia y España no hay excepción a este principio general y uniforme: tanto la estabilidad económica como la redistribución, recaen automáticamente en las competencias del Estado central.

En la Unión Europea, vale la pena observar que el proceso de integración política que se inició alrededor de cincuenta años atrás con la firma del tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), a la que siguieron el tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la energía atómica (Curatom), comenzó por centralizar las competencias económicas sin perjuicio de mantener descentralizadas las competencias de cada uno de los subsistemas que las conforman.

Podemos afirmar que todos los federalismos y regionalismos en ejercicio han superado de manera definitiva la construcción de la autonomía sobre la práctica de la separación formal y la absoluta coordinación de los estados y/o entes territoriales miembros, para más bien abordar, desarrollar y concretar las técnicas de las competencias y concurrencias.

*Abogado y Analista Político

bfzr_14@hotmail.com

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