Mañana se cumplen dos meses desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado colombiano que debía adoptar medidas para preservar la vida e integridad personal de 25 niños y niñas, tomando en consideración las particularidades de las enfermedades onco-hematológicas que padecen, a fin de garantizar que tengan acceso a un tratamiento médico integral, adecuado y continuado. Lea aquí (CIDH protege a niños con cáncer de la Costa Caribe)
Para conocer qué ha pasado desde entonces, El Universal contactó a Ángela Margarita Rey Anaya, directora de la organización sin ánimo de lucro, Unidos por la Justicia (United for Justice), que desde su sede en Washington (Estados Unidos) defendió los derechos de los niños beneficiarios con las medidas cautelares.
La abogada recalcó que el “procedimiento está revestido de confidencialidad”, sin embargo, informó que el pasado 4 de agosto se instaló la mesa de concertación y seguimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
Bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la reunión asistieron autoridades nacionales y locales, entre ellas Superintendencia Nacional de Salud, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social y, por supuesto, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que tienen responsabilidad en el cumplimiento de las medidas cautelares.
Por ser un acto confidencial, Rey Anaya solo señaló “que en la reunión se revisaron cada una de las circunstancias y las situaciones de los niños y niñas, y se adquirieron varios compromisos dirigidos a que puedan recibir un tratamiento digno y adecuado, como la Comisión Interamericana se lo solicitó al Estado colombiano”.
Añadió que “esperamos que estos compromisos se cumplan y para efecto, diariamente estamos haciendo seguimiento de los compromisos adquiridos y de la situación de cada uno de los niños”.
En espera de examenA los tres meses de nacida, Karen fue diagnosticada con anemia de células falciformes. Comenzó a perder la visión de manera progresiva en agosto de 2014 y ya en noviembre no veía. Hoy tiene 17 años y es una de las niñas amparadas por la CIOH.
Su madre, Elsa Villa Marriaga, contó a este medio que para hallar las causas de la ceguera de Karen, desde 2014 su médico tratante le ordenó una punción lumbar con manometría, pero su EPS, Coomeva, ha hecho caso omiso.
“Tenemos fallo de tutela, incidente de desacato, íbamos a medios de comunicación y Coomeva no se movía. Con las medidas cautelares de la CIDH, Coomeva se está moviendo”, dijo Villa.
No obstante, aún está en espera. “Me dieron las órdenes pero los estudios no me los han dado. Llevé las órdenes donde le tienen que autorizar los estudios y están en proceso, así que todavía no tengo nada en las manos. Estoy esperando esta semana que dijeron iban a llamar”.
Villa indicó que para dicho estudio, “Coomeva quería que yo saliera con la niña a Barranquilla, a las 3 de la mañana, y sin viáticos. Le cogieron una cita a las 7 de la mañana. En mi tutela hay viáticos y la medida cautelar, que es integral, está ejerciendo. Quieren evadir, pero la Supersalud está pendiente al caso”.
Como Karen, otros 24 niños y niñas están esperando que el Estado colombiano cumpla a cabalidad la solicitud de la CIDH.
Más niños favorecidosÁngela Margarita Rey Anaya, directora de Unidos por la Justicia, anunció que con la decisión en mención, que se constituye en “la primera medida cautelar colectiva en materia de salud adoptada por la Comisión Interamericana”, “buscamos no solo atender a los niños y niñas beneficiarios, sino que también pretendemos favorecer con nuestras acciones legales e internacionales a varios niños que se encuentran en una situación similar”.
Precisó que “no descartamos la posibilidad de presentar una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH a favor de 60 o 70 niños, de acuerdo a la verificación de los casos que nos están llegando y que hemos empezado a trabajar”.
