La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó el miércoles ante la justicia que en la última dictadura los militares sustrajeron hijos de mujeres que hicieron desaparecer y los entregaron a familias ajenas para evitar que fueran criados en un entorno "subversivo".
De Carlotto declaró por primera vez como testigo en el juicio a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone y otros seis acusados por el robo de 34 bebés en la última dictadura (1976-1983), entre los que está incluido su nieto, cuyo paradero se desconoce.
En una audiencia a la que no asistieron los imputados, De Carlotto relató la persecución que sufrió su hija Laura Carlotto, quien dio a luz a mediados de 1978 en un centro clandestino de detención de La Plata, a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, y luego fue asesinada.
La anciana señaló que después de la dictadura el ex jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps -ya fallecido- se jactó ante un medio de prensa español de haber "mandado matar a más de 5.000 subversivos (opositores políticos), pero nunca niños", a los que enviaba "a otras familias".
De Carlotto indicó que Camps, considerado uno de los más cruentos represores, explicó en sus declaraciones periodísticas que la idea era que los bebés fueran criados por familias distintas a las de sus padres asesinados porque si los entregaban a sus abuelos "iban a salir subversivos".
Abogados de Abuelas dijeron posteriormente a AP que Camps dio esas declaraciones al semanario Cambio 16.
La organización humanitaria ha restituido la identidad a 102 jóvenes que cuando eran bebes fueron sustraídos a sus padres. Calcula que unos 500 niños fueron robados.
De Carlotto también relató las dos entrevistas que mantuvo con Bignone, el último presidente de facto, al que reclamó por la libertad de su marido secuestrado, Guido Carlotto, --que finalmente fue liberado-- y luego por la de su hija.
Junto a Videla y Bignone están imputados los ex militares Antonio Vañek, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Franco y Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco.
Videla, quien ejerció la presidencia de facto entre 1976 y 1981, ya cumple una condena a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos. Bignone purga 25 años de cárcel por diferentes delitos de lesa humanidad.
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Abuela de Plaza de Mayo relata robo de su nieto en dictadura
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