Álvaro Gómez Hurtado: ires y venires de una investigación

 Después del petardo al monumento de Laureano Gómez, se tejieron muchas hipótesis en torno a los autores del ataque. La primera de ellas relacionada con la salida del país del representante Miguel Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, el mismo jueves, pero en horas de la mañana.
 A través de un comunicado, el parlamentario sostuvo que ha sido blanco de diferentes amenazas “en contra de la integridad física de toda la familia Gómez”.
 El origen de las intimidaciones sería la insistencia que han tenido ellos en que se busque a los responsables que ordenaron el asesinato del político conservador, que se perpetró en la mañana del 2 de noviembre de 1995, cuando salió de dictar cátedra en la Universidad Sergio Arboleda, apenas a unas 20 cuadras de donde el jueves explotó el petardo contra el busto de su padre.
Gómez Martínez recordó que el 2 de junio pasado, en ese mismo monumento fueron hallados, dentro de una maleta, doce kilos de Indugel (diez kilos menos que la carga que estalló el jueves) los cuales tenían un temporizador programado para explotar a las 8:00 p.m. Ese dispositivo fue desactivado y las autoridades anunciaron que harían la respectiva investigación para establecer, primero, el origen del artefacto y, segundo, su posible blanco.
 En ese momento no se relacionó el frustrado ataque con los Gómez, como si se hizo el día del atentado (jueves 16 de junio), cuando la alcaldesa encargada de la capital, Clara López, manifestó en el lugar de los hechos que había que rodear a esa familia: “Esta estatua es un símbolo de nuestra democracia y los cobardes que cometieron este acto injustificable atentan no solo contra una estatua, también contra los principios que han edificado nuestra Nación”.
El ventilador
Un día antes, Héctor Javier Vergara, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, reveló que tiene una declaración del extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, en la ratifica sus denuncias sobre, conforme señaló, la responsabilidad del expresidente Ernesto Samper en el magnicidio.
 El capo del cartel del norte del Valle, ahora extraditado a los Estados Unidos, va más allá. Su testimonio involucraría al que fuera ministro del Interior durante el gobierno Samper y actualmente es el gobernador de Santander, Horacio Serpa.
 La versión de ‘Rasguño’ es la ampliación de unas declaraciones que fueron reveladas en enero del año pasado, luego de que el capo recibiera a una comisión judicial integrada por funcionarios de la Fiscalía en conjunto con varios funcionarios estadounidenses.
 Entonces, contó el extraditado que la idea era impedir un golpe de estado que creían que pretendía dar el político conservador, ante el escándalo suscitado por el llamado ‘proceso ocho mil’ y “tender una cortina de humo”. El 8.000 era el término genérico para referirse a las investigaciones sobre la entrada de dineros del narcotráfico para patrocinar la campaña presidencial del entonces mandatario, Samper Pizano.
 En su momento, Serpa calificó de “fantasiosas y absurdas” tales declaraciones y hoy ratificó que “es un absurdo absoluto, es una falsedad grande como una catedral, que tiene origen en la mente y en la conciencia de un colombiano torcidísimo, de una persona que es un criminal redomado”. También hoy reaccionó el propio expresidente Samper, quien salió en defensa de su nombre y en su cuenta de Twitter escribió: “A nadie más que a mí le interesa que se aclare el magnicidio de Álvaro Gómez”.
 El exmandatario agregó, allí mismo, que él y Álvaro Gómez eran amigos, al tiempo que rechazó el acto terrorista y puntualizó escribiendo que “es una infamia que mi nombre esté inmerso”.
 ¿Golpe de estado?
 La declaración del excapo ‘Rasguño’ la hizo basado, según narró a una comisión judicial que viajó hasta la prisión donde está recluido en EE.UU., en una reunión que sostuvo con el entonces jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, y con Orlando Henao, otro jefe del cartel del norte del Valle, a quien conocen con el mote de ‘El hombre del overol’. Este grupo lo completaba el también narcotraficante Efraín Hernández.
 Al término de ese encuentro, cita ‘Rasguño’, se enteró de que “el doctor Álvaro Gómez estaba ambientando un golpe de estado dentro de los militares y los grandes ricos de Bogotá”.
 Con el fin de frenar esa supuesta acción del dirigente conservador (y que creían que los afectaría por una posterior persecución de las autoridades) mandaron la razón de que “hagamos lo que le sea para parar a Álvaro Gómez”. Así dice ‘Rasguño’ que se lo contó Orlando Henao, quien le agregó que la orden vino de ‘El gordo’ y Horacio.
 Lo que se temía en el mundo del narcotráfico era que en caso de que Gómez llegara al poder capturarían a los grandes capos y los extraditarían.
 Callan por miedo
 Dice Enrique Gómez, hermano del político asesinado y también dirigente del conservatismo, que en su familia ya conocen quién es el autor del magnicidio. No obstante, se abstienen de revelarlo y aseguró que lo harán a través de un libro que está próximo a salir: “El jefe del atentado contra mi hermano ya está identificado, pero está por encima del alcance de la justicia en Colombia y por eso se mantiene en la impunidad", indicó el excongresista horas después del ataque al monumento en homenaje a su padre.
 En sus declaraciones explicó que no puede revelar el autor porque prefieren callar ante las amenazas que se han proferido en contra de los integrantes de su familia. Sin embargo, dio otra pista sobre quién se puede tratar: "La persona que le llevó los seis millones de dólares a Ernesto Samper, durante el proceso 8.000, es el jefe del atentado contra mi hermano".
 Nuevo fiscal
 Al tiempo que hizo estos anuncios, Enrique Gómez pidió a la Fiscalía que se agilice la investigación y alentó a la titular del ente a que coloque un fiscal de apoyo en caso de que así lo requiera el desarrollo del caso.
 Tras esa petición, se conoció por parte del director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, que ya hay una decisión de nombrar un fiscal de apoyo para trabajar en el proceso.
 Novoa precisó que el designado en la investigación es Juan Hernando Poveda: “Él ya había conocido el caso, lo creímos pertinente, porque ya tiene conocimiento de la materia; el interés de la Fiscalía es agotar al máximo las pruebas, hasta qué podamos descubrir quiénes son los autores intelectuales (del magnicidio)”.
 En efecto, Poveda ya ha trabajado en la investigación. Entre los testimonios que recogió está el revelado en 2007 de Fernando Botero, quien fungió como ministro de Defensa durante el gobierno Samper.
 Para el entonces jefe de cartera, “el de Gómez fue un crimen de Estado”. En una de sus intervenciones ante Poveda, Botero señaló que lo que se pretendía era tender un manto sobre la investigación que se adelantaba contra Samper por la llegada de dineros del narcotráfico a su campaña: “El incendio del proceso 8.000 sólo podía ser apagado con un incendio más grande", dijo en su momento Botero Zea a la Fiscalía, versión que concuerda con los apartes que entregó ‘Rasguño’.
 Sin embargo, esa declaración de Botero se tomó como un capítulo adicional en la pelea personal que se tejió entre él y Samper.
Gómez Hurtado, el hombre
Álvaro Gómez Hurtado nació en Bogotá, 8 de mayo de 1919 y  murió  asesinado el 2 de noviembre de 1995. Fue abogado, político, escritor y periodista. Era hijo del ex presidente Laureano Gómez, quien gobernó al país entre 1950 y 1953.
Estuvo en el periódico El Siglo, dirigió la redacción de la Revista Colombiana, fundó también el semanario Síntesis Económica, y un noticiero de televisión: 24 Horas.
Fue Concejal de Bogotá, Representante a la Cámara, Senador de la República, Ministro Plenipotenciario, Delegado en diferentes ocasiones a conferencias internacionales, Embajador ante las Naciones Unidas, Embajador en Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia. Fue candidato a la presidencia de Colombia en tres ocasiones, en 1974 contra Alfonso López Michelsen, en 1986 contra Virgilio Barco, y en 1990 a la cabeza de un movimiento suprapartidista, el Movimiento de Salvación Nacional.
El 29 de mayo de 1988 fue secuestrado en Bogotá por el movimiento guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) y fue liberado seis días más tarde. Tres años después fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó la Constitución de 1991.