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Aseguramiento contra inversionistas capitalinos

La Fiscalía ordena el embargo y secuestro del inmueble, previo el pago de una caución establecida en $100 millones. Los cobijados con la medida son Álvaro Mendoza Ramírez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, Bogotá; Pedro Niño Rodríguez, socio y ex presidente de la empresa Aires; José Luis Fernando Henao Correa, Luis Fernando Arboleda González, actual presidente de Findeter; Luis Uribe Vi-llanueva, Mauricio Pardo Koppel, hermano de un ex alcalde de Bogotá; Óscar Wagner Arévalo Habbad, José Víctor Carvajal y Carlos Córdoba Congote.

La denuncia contra este grupo de personas fue pre-sentada el 3 de junio de 2008, por el cartagenero Miguel Reyes Ashton, como socio de la firma Lozano y Re-yes. Reyes Ashton denunció que como contratista suscribió un contrato en virtud del cual se llevaría a cabo un proyecto de construcción en un terreno localizado en el Club Condominio Isla Are-na, denominado Villa I, junto con la corporación de Desarrollo del Caribe (Corcaribe), y con dineros propios del constructor. El pro-fesional se encargaría de los diseños técnicos y arquitectónicos de un edificio de apartamentos, y la promoción y venta de los derechos en el mencionado club.

Los denunciados, cuenta Reyes Ashton, aportaban el terreno y a él al final de la construcción le entregaban dos apartamentos, uno de 90 y otro de 180 metros cua-drados. Reyes Ashton, además, recibió seis apartamentos en pago por la labor contratada y se comprometió con los contratantes a buscar la financiación para la termina-ción de la obra.

Posteriormente, dice Reyes Ashton, recibió una co-municación en la que los contratantes le informan sobre su calidad de socio del Club Condominio Isla Arena, calidad que nunca había asumido y que no tiene, en la que se hacía referencia a cuotas y porcentajes adicionales, que él debía cancelar como tal, así como también le imputan el pago de cuotas de servicios, que no estaban incluidas en la factura del club, a efectos de evitar complicaciones con el IVA.

Según el denunciante, y así reconocido por la Fiscalía, el contrato inicial fue modificado arbitraria y unilateralmente cuando Mauricio Pardo Koppel le exige que cambie los planos inicialmente aprobados por las autoridades competentes, para convertir dos apartamentos del primer piso en tres, y cambios en términos de uso privado por área privada.

De acuerdo con Reyes Ashton, en un oficio firmado por Juan José Vélez Restrepo, administrador del club, se le informa que dada la iliquidez en que se encuentra la administración del club, y de la cual le endilgaban responsabilidad, no le autorizan la conexión a la infraestructura de servicios de energía, agua y alcantarillado al Club, por ende la iliquidez de un club en la que no ostentaba la calidad de socio, era responsa-bilidad suya.

El denunciante afirmaba haber realizado obras físicas en la edificación y que sólo faltaban algunos acabados, los cuales no se hicieron por los obstáculos propios implementados por los verdaderos socios.

A eso se suma, dice Reyes Ashton, que posteriormente los denunciados hicieron una declaratoria de construcción por escritura pública, en la que aparece que el Club Condominio Isla Arena, es propietaria del edificio construido por él, y que se hizo con recursos propios del condominio.

Este documento fue registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos, con lo cual, según el denunciante, se le estaba robando el edificio e induce a los funcionarios públicos, de la oficina pública, al error respecto de la titularidad de los apartamentos, la cual recae legalmente sobre la per-sona que los construyó, de conformidad con el contrato suscrito entre Corcaribe y Miguel Reyes Ashton.

La defensa Por su parte, la defensa sostuvo que el contrato sus-crito entre las partes le otorgaba a Reyes Ashton la calidad de socio del Club Condominio Isla Arena, teniendo consecuentemente obligaciones como socio para con el condominio.

Pretendía demostrar también que no había existido ningún tipo de perjuicio, ya que el denunciante posee derechos dentro de la persona jurídica representada. Dice la defensa que en el contrato aludido Reyes Ashton adquiría un derecho sobre el dominio y posesión de seis apartamentos, más no la titularidad de esos derechos de propiedad.

Además, en los estatutos del club quedó acordado que aún sin haber empezado a disfrutar de las instalaciones del condominio, los socios debían pagar cuotas de administración, que el constructor reconoció la deuda con el condominio al punto de que Isaza entregó en dación en pago de las cuotas debidas, los derechos sobre algunos apartamentos.

A este planteamiento y con fundamento en los argumentos del denunciante la Fiscalía reconoce que el constructor fue presionado de alguna manera, para asumir obligaciones que según las calidades asumidas en el contrato inicial y modificadas sin su conocimiento y sin su consentimiento, no le correspondía asumir.

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