Baltasar Garzón, en el banquillo de los acusados

Entre aplausos y gritos de apoyo de medio centenar de simpatizantes, el juez Baltasar Garzón llegó el martes al Tribunal Supremo español, donde comenzó el primero de los dos juicios que se siguen contra él y que le han costado la expulsión temporal de la carrera judicial. 
Garzón está acusado del delito de prevaricación _dictar a sabiendas una resolución injusta_ por su rol en el llamado caso “Gürtel”, que destapó una trama corrupta en las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid. 
Rodeado de cámaras, Garzón conversó relajado con algunos periodistas en el interior de la sala del Supremo, en el que será juzgado por un tribunal de siete magistrados por un caso que podría terminar con su carrera. 
“Bien, todo bien”, dijo Garzón sobre su estado de ánimo a preguntas de The Associated Press. “Lo único que pasa es que estoy un poco afónico porque he tenido fiebre”. 
La acusación popular, en contra de la fiscalía, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados de “Gürtel” encarcelados y sus abogados. 
Precisamente, el abogado defensor de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, dedicó buena parte de la primera sesión de la vista a pedir una serie de cuestiones procesales en el interés de su representado, que fueron aceptadas en parte. 
Una de ellas incluye que los siete magistrados del tribunal puedan escuchar, probablemente a puerta cerrada, parte de esas conversaciones intervenidas por Garzón.  El magistrado español escuchó las alegaciones de la acusación y de su defensa ataviado con toga de juez y se le vio tomando notas de lo que se decía en la sala. 
La demora en la resolución de las peticiones de la defensa retrasó el interrogatorio y el testimonio de Garzón a las 17:00 horas (1600 GMT). En principio, las sesiones del juicio no deberían durar más de tres o cuatro días. 

EL CASO
Garzón, de 56 años, investigó violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina. 
Hasta sus suspensión temporal en mayo de 2010, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que también instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996). 
En el contexto de crímenes contra la humanidad, intentó abrir en 2008 una investigación sobre la desaparición sistemática de personas del bando perdedor republicano durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975). 
La causa, que tuvo que abandonar, le costó otra imputación por prevaricación y otro juicio, que está previsto comience el próximo martes 24 de enero. 
De hecho, la mayoría de personas que se concentraron en apoyo del juez en los exteriores del Tribunal Supremo, un bello palacete del siglo XVIII en el centro de Madrid, pertenecían a asociaciones de víctimas del franquismo. 
“Creo que Garzón es un defensor de las libertades y la democracia”, afirmó Gregorio Núñez, de 70 años, nieto de un fusilado por las tropas de Franco en 1939. 
“Tratar de esclarecer cosas que están ocultas me parece que es justísimo. En todo el mundo, se están preguntando qué es lo que está pasando con este juez”, consideró Albino Calvo, de 75 años, quien portaba una pancarta en la que se podía leer “España al revés, corruptos y fascistas juzgan al juez”.