Como no sucedía hace años, el temor armado de herencia paramilitar paralizó el comercio y el transporte en buena parte del Caribe colombiano y en la región del Urabá, hoy clave para el proceso de restitución de tierras.
Aunque los panfletos amenazantes firmados por las Autodefensas Gaitanistas se distribuyeron entre la población como retaliación al abatimiento en una acción policial de Juan de Jesús Úsuga David, alias ‘Giovanni’, cabecilla principal de Los Urabeños, estos podrían ser apenas una pequeña muestra del poder intimidatorio que tiene esta estructura en el país, herencia ‘para’ de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’.
El paro provocó que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el viernes 6 de enero, luego de un extenso Consejo de Seguridad, 16 fiscales más para judicializar a los integrantes de bandas criminales (Bacrim) en la zona y un aumento del pie de fuerza. Pero, para algunos analistas, este hecho evidenció la necesidad de replantear la estrategia oficial contra estas estructuras surgidas tras la desmovilización de las AUC.
ANÁLISIS
El coordinador del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, explicó que Los Urabeños cuentan con cerca de 1.200 hombres distribuidos en ocho departamentos: Chocó, Antioquia, Córdoba, Magdalena, Sucre, Guajira, Cesar y Norte de Santander.
Además de esos departamentos, el último informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reintegración (CNRR ) ubica también a Los Urabeños, en Valle del Cauca, Boyacá, Quindío y parte de Cundinamarca y Casanare. Serían, según la CNRR, un total de 176 municipios con presencia de estos grupos delincuenciales.
La estructura, ahora liderada por el hermano de ‘Giovanni’, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, tiene como principales cabecillas a Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’; Francisco Morelo Peñata, alias ‘Sarley’; Fernando Oquendo Estrada, alias ‘Bigotes’; Cesar Amaya Martínez, alias ‘Tierra’; Dimas Gómez, alias ‘Dimas’ y a alias ‘Miguelón’.
Tras la muerte de ‘Giovanni’, las autoridades estiman que un primo suyo podría disputarse con Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, la dirección del ala militar de la organización.
Según Ávila esta banda criminal es el “ejército privado de los testaferros de la vieja guardia paramilitar que, ante el acoso de Los Rastrojos, han tomado a Los Urabeños como su defensor”.
Esta sería para el investigador una de las razones de una guerra entre ambas bandas criminales que se vendría desarrollando hace año y medio en las zonas donde confluyen y que se estaría reflejando en las cifras de homicidios. Igualmente, Los Urabeños están dedicadas al tráfico de droga y al contrabando de gasolina en Cesar y La Guajira.
No obstante, tal vez el tema que más preocupó al Gobierno y que Ávila calificó como estructural, es el hecho que el ‘paro armado’ se vivió en los departamentos dónde hubo mayor despojo y desplazamiento y por tanto ahora son sede del proceso de restitución de tierras. Por eso, el ministro de Agricultura, Juan Carlos Restrepo, anunció que no se permitirá que los ilegales saboteen la política de tierras.
Según Ávila, Los Urabeños tienen un mando mucho más fuerte que otras bandas criminales debido a que en su composición interna hay ex mandos medios de las Autodefensas que “se sienten traicionados por el proceso de desmovilización”. “Fue por eso que les dieron el nombre de Gaitanistas, ese esfuerzo lo dejó hecho ‘Don Mario’”, señaló.
EL RETO BACRIM
La ofensiva contra Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, y lo que queda del Erpac, es uno de los grandes retos que tiene el gobierno Santos para 2012 pues a pesar de que en 2011 fueron capturados 3.017 de sus integrantes, su capacidad para delinquir sigue vigente, y combatirlas requiere el trabajo mancomunado de las Fuerzas Militares y de la Policía para afectar sus redes de financiación.
La Policía Nacional se planteó para este año 12 estrategias entre las cuáles está la consolidación de la operatividad contra las Bacrim y un trabajo con el Ministerio de Minas para combatir la minería ilegal, fuente de recursos para todos los grupos ilegales del país.
El subdirector de la Policía, general José Roberto León, indicó que esa estrategia incluye la presentación de un proyecto de ley para “corregir” el Código Minero que permitiría a esa institución tener más ‘dientes’ para atacar a los ilegales.
Sobre este tema, el presidente Santos reiteró además que se ayudará a los mineros artesanales para que se formalicen como otra de las estrategias de combatir las retroexcavadoras ilegales que, además, afectan el medio ambiente.
No obstante, lo principal sería que el Gobierno analice su estrategia contra unas Bacrim que han aumentado sus campos de acción, que siguen sin ser contra estatales dado que no buscan atentar contra la Fuerza Pública y que están afectando zonas en donde la Política de Consolidación era un éxito como el Magdalena.
NUEVO PLAN DE GUERRA
Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, una de las prioridades n 2012 es “tener éxito” en la implementación del nuevo Plan de Guerra, diseñado casi tres meses después de su llegada a la cartera.
Ya fueron creadas cuatro nuevas Fuerzas de Tarea y, según dijo, se analizaron también las zonas en donde no se requeriría tanta presencia militar sino policial para que distribuir tropas en zonas claves para las intenciones de la Prosperidad Democrática del presidente Santos: la infraestructura minero-energética.
Por eso, se busca que haya 20 mil policías más y cerca de 6 mil integrantes nuevos del Ejército Nacional de aquí al 2014.
El nuevo Plan de Guerra deberá enfrentar a la llamada guerra de guerrillas de las Farc en zonas como el Pacífico colombiano, el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, el Catatumbo, Caquetá, Guaviare; continuar los ‘golpes’ contra los llamados objetivos de alto valor y frenar la financiación del narcotráfico.
Relacionado con este tema está el reforzamiento de la seguridad en las fronteras, especialmente Ecuador y Venezuela, por la posibilidad que las Farc utilicen la dificultad de los terrenos para extender sus acciones criminales como ya lo han hecho. Acá, se espera que la cooperación con los gobiernos vecinos continúe para la captura no sólo de narcotraficantes sino de verdaderos pesos pesados de las Farc.
No obstante, analistas como Ariel Ávila estiman que el reto contra las Farc debe ir un poco más allá y que el Gobierno defina el rumbo del conflicto que vive Colombia. Esto es, a su juicio, que se replantee la política pública de seguridad, que se reforme el aparato de inteligencia y que se empiece a hablar de paz.
El problema de este planteamiento, dice Ávila, es que podría consistir en tomar medidas poco populares con un congreso mayoritariamente Santista y una sociedad “derechizada”.
VÍCTIMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Desde el 1 de enero, señaló el subdirector de la Policía, general José Roberto León Riaño,que están en marcha varias líneas de acción tomadas desde el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras.
Según el Ministro de Defensa se trata de blindar el proceso que como ha dicho el presidente Santos tiene enemigos de derecha e izquierda. “La extrema izquierda está incómoda con este tema porque les quita las herramientas con que ha engañado al pueblo y, la extrema derecha, que despojó, tampoco está contenta”, dijo Pinzón.
Y agregó: “Si esa política es efectiva, y es difícil que lo sea, sería una gran contribución para el país. Nosotros tenemos la necesidad de contribuir a diseñar la estrategia que defienda la seguridad de su implantación”.
Paralelo a esto, Pinzón reconoció que se requiere reforzar los niveles de seguridad en el día a día en los ciudadanos y para esto se debe contrarrestar el robo de celulares y el hurto a personas mediante el reforzamiento del Plan de Vigilancia por Cuadrantes.
Colombia
Bandas criminales y Farc, duras de combatir
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