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Bolivia: aprobada ley que da más poder a Morales sobre la prensa

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La Asamblea Legislativa de Bolivia, con mayoría oficialista, aprobó una ley que da más poder de control al gobierno sobre los medios de comunicación

La Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada el jueves en la noche y legisla sobre todo el universo de medios de comunicación incluyendo internet. Para cobrar vigencia solo falta la promulgación del presidente Evo Morales

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, dijo que la ley “profundiza la democracia al permitir el acceso al manejo de medios a indígenas y organizaciones sociales”. 

Una de las disposiciones establece que los privados solo tendrán 33% de las licencias de radio y televisión, otro 33% dispondrá el Estado, un 17% serán medios al servicio de organizaciones sociales y el restante 17% para organismos de los pueblos indígenas, estas dos últimas generalmente afines a la actual administración. 

“Esta ley que el presidente Morales ha hecho aprobar por la asamblea que controla, va en la dirección de restringir la libertad de expresión y de información y se suma otras normas que aprobó el gobierno”, dijo a la AP desde Miami, Claudio Paolillo, copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

Para el dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, el gobierno “acaparará el espectro electromagnético”. 

“El gobierno tendrá control del 67% de las licencias de radio y televisión porque los medios de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas van a sumarse al 33% que tiene Estado para emitir un mensaje afín” a la administración de Morales, sostuvo Paolillo. 

La Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora) dijo que unas 400 emisoras podrían cerrar en 2017 cuando concluyan sus licencias si se restringe a los privados el acceso a las frecuencias. 

Para el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) el partido de Morales, David Sánchez, el gobierno busca “equidad social” en el control de las frecuencias y que la mayoría pase a control estatal “no implica que respondan al gobierno”. 

Otra disposición que abrió polémica señala que “las escuchas telefónicas se producirán en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres, y los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de autoridades la emisión, transmisión y recepción de telecomunicaciones que le sean requeridas”. 

La senadora opositora, Senta Reck, opinó que las escuchas telefónicas darán lugar a una “persecución” de los opositores, pero el presidente del Senado, René Martínez, declaró que la ley “está en el marco de la Constitución y no vulnera derechos”. 

“En todos los países se reconocen estados de excepción y la ley no vulnera garantías constitucionales, la oposición está haciendo una bandera política” con el tema, dijo Martínez.  

La ley también obliga a las emisoras a transmitir gratuitamente dos mensajes del presidente del país al año, uno de ellos en el aniversario de su juramento (enero) y otra cuando informe a la Asamblea Legislativa y al país en el aniversario patrio (6 de agosto). 

Asimismo regula las tarifas de la telefonía que están entre las más caras de la región y alienta el acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet, en zonas rurales donde este servicio es casi inexistente. 

La diputada oficialista Amalia Saravia dijo que la norma “garantiza al ciudadano el acceso a los servicios en condiciones de calidad y precios más bajos que los actuales”.   Paolillo sostuvo que la norma “se suma a otras que están en camino en Argentina y Ecuador y a leyes aprobadas en Venezuela, en el marco del eje bolivariano, que son claramente contrarias a la noción de libertad de expresión”.

  

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