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Bolivia: indígenas exigen inmunidad y libertad para contrabandear carros tras linchar a policías

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Indígenas quechuas de una región remota de Bolivia han demandado al gobierno declarar a su aldea libre para contrabandear vehículos e inmunidad, a cambio de los cadáveres de cuatro policías que lincharon hace 11 días.

Reunidos en asamblea, manifestaron que a los agentes les aplicaron “justicia comunitaria”; reclamaron respeto a su decisión y rechazaron ser procesados en los tribunales, informaron el jueves los dirigentes indígenas Boris Antonio Colque y Delfín Chocotea.
Además, demandaron la legalización de autos de contrabando en poder de los indígenas y el paso libre de coches ilegales que ingresan desde Chile por esa apartada región del altiplano.
Los cuatro policías, dos sargentos, un suboficial y otro policía raso, habían ingresado a la zona para investigar el robo de dos vehículos y fueron emboscados por cientos de indígenas a 270 kilómetros al sur de La Paz que los confundieron con ladrones a pesar de su uniforme.
Tras la ejecución sumaria fueron enterrados en distintas aldeas, dijeron los indígenas que rechazan devolver los cuerpos de sus víctimas.
Pero el jueves el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró a la red de televisión ATB que los indígenas entregarán los cuerpos debido a la presión social, según una última comunicación que recibió. “Es cuestión de horas”, declaró.

GOBIERNO DICE NO

“No habrá indulto ni amnistía, cualquier crimen de esa naturaleza debe ser investigado, procesado y sancionado y eso no se negocia”, dijo el miércoles el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Ni la policía ni las autoridades ingresaron hasta las comunidades para evitar mayor violencia. Llegaron a la vecina población de Uncía donde hablaron Colque y Chocotea. La policía se replegó de esa población.
El presidente Evo Morales invocó razones humanitarias y pidió a los rebeldes devolver los cuerpos a sus familiares. “Es lamentable y repudiable lo que pasó”, dijo el martes.
El caso sacudió el país y desnudó problemas profundos como la ausencia del Estado en esa región pobre y aislada que los traficantes transformaron en ruta del contrabando de vehículos que ingresan desde Chile. Anteriormente, la policía también halló en la zona fábricas precarias de cocaína.
Pero también reavivó la polémica en torno a la “justicia comunitaria” que ha sido incorporada en la nueva Constitución la misma que permite a los indígenas aplicar usos y costumbres ancestrales para impartir justicia en sus pueblos.
La justicia comunitaria no reconoce la pena de muerte, pero a nombre de ella se linchan a delincuentes que son pillados in fraganti, una práctica cada vez más frecuente en barriadas y regiones rurales apartadas, debido a la falta de credibilidad de jueces y policías.
La muerte de los cuatro agentes es todavía un misterio. Testimonios recogidos por medios locales indican que los cuatro policías fueron torturados y enterrados boca abajo para que “las almas de los difuntos” no persigan a los asesinos.
Hasta mediados de los 90 los indígenas de esa región saldaban a tiros las disputas por linderos entre comarcas hasta que el gobierno puso un marcha un plan de pacificación y desarme.

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