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Cali sufre la violencia de la fragmentación de los cárteles colombianos

Ana Belén, de 9 años, cenaba el 20 de febrero con su familia cuando una bala perdida la hirió en la boca, en su casa del barrio pobre de Agua Blanca, en Cali, la ciudad más violenta de Colombia, con una tasa de homicidios de 75,7 cada 100.000 habitantes.

Ana perdió los dientes y sufrió fractura en el hueso. Pasó semanas sin hablar, y aunque ahora ya puede hacerlo no parece tener ganas.     

“Fue un enfrentamiento entre pandillas. Estábamos con las puertas cerradas, quién se va a imaginar eso. Los que están metidos en el problema sí están preparados para algo así, pero los inocentes nunca”, lamenta su madre Yamileth Machado, que tiene una pequeña tienda de dulces.     

Tercera ciudad más poblada de Colombia, con 2,3 millones de habitantes, Cali es escenario de enfrentamientos entre pequeños y medianos grupos del narcotráfico, herederos de los grandes cárteles de los años 80 y 90.     

En el departamento del Valle del Cauca, suroeste, del que es capital, opera el narcotráfico, las guerrillas y las bandas criminales derivadas de los grupos paramilitares.          

Tras el fin de los grandes cárteles --Pablo Escobar, de Medellín, murió baleado por la Policía en 1993; los hermanos Rodríguez Orejuela, de Cali, fueron capturados en 1995-- esas estructuras se fragmentaron provocando una violencia que afecta especialmente a esta ciudad.       

“Ya no se vive una lucha por el auge del negocio, sino por la crisis. Actualmente se exporta la mitad de la cocaína que hace diez años”, explicó Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia.  

“La rentabilidad ha disminuido. Ahora los mexicanos tienen la llave de paso a Estados Unidos y ponen el precio. Se vive la violencia de la repartición de un botín mermado”, añadió Rangel.        

Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, con 350 toneladas en 2010, según la ONU.        

Desde 2000, ha recibido más de 6.000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos a través del Plan Colombia, de combate al narcotráfico y a las guerrillas, lo que ha permitido importantes inversiones en tecnología y aumento de efectivos militares.         

Cali cuenta con unos 5.500 agentes policiales, de un total de 160.000 en el país, e incorporará 800 más este año.   

Aunque la ciudad ha logrado contener la tasa de homicidios, su disminución es muy inferior al promedio del país. “En los últimos diez años el índice nacional bajó casi a la mitad, pero en Cali el descenso ha sido de 25%”, señaló Rangel.       

En 1990, el índice de homicidios en Colombia fue de 80 por cada 100.000 habitantes. En 2010, esa cifra había bajado a 33,7 por 100.000.      

Jorge Iván Ospina, ex alcalde de Cali (2008-11), atribuye la violencia de la ciudad a su ubicación privilegiada para la producción y el tráfico de drogas, además de la gran cantidad de armas en circulación.  

“Cali se encuentra a 25 minutos del sector de mayor producción de marihuana, la Cordillera Central. Está cerca de los grandes laboratorios de procesamiento de cocaína en el Cañón de las Garrapatas y la Cordillera Occiental. A seis horas tiene las plantaciones de coca de la selva Amazónica y del Pacífico, y está a tres horas del puerto de Buenaventura, por donde ingresan armas y sale droga”, dijo.         

Según Ospina, en Colombia hay cerca de 5 millones de armas ilegales, de las cuales unas 230.000 están en Cali.     

El tema de las armas preocupa también a Alejandro, habitante de Siloé, una de las barriadas pobres que rodea Cali.

“¿Por qué esa facilidad para conseguir la munición? Un proyectil calibre 45 se compra por 2.000 pesos (0,8 dólares)”, dice este hombre de 34 años que muestra dos cicatrices de bala, una en el brazo y otra en la pierna “que me pegaron sólo por vivir en esta cuadra”.           

En Siloé un revólver se consigue por 600.000 pesos (unos 250 dólares), “pero un arma hechiza (artesanal) se compra por 40.000 (18 dólares). La gente agarra la pata de una mesa y hace un fusil”, refiere.        

El hombre asegura que en Siloé, barrio que serpentea sobre una colina, las pandillas han impuesto fronteras invisibles que confinan a sus habitantes en pocas cuadras.      

“Esos niños dice señalándoles con el dedo no saben leer ni escribir. El colegio parece cerca, pero tienen que cruzar tres fronteras para llegar. Estos son territorios que se defienden y los que tienen venta de drogas lo hacen a sangre y fuego”, concluye.         

La estación de policía de El Vallado, en Agua Blanca, fue destruida en 2006 por un atentado explosivo, atribuido a la guerrilla Farc. Ahora, la cuadra donde se levanta el edificio está cerrada al tránsito.     

El fin de semana salen de allí a patrullar el barrio una treintena de agentes en camiones y motocicletas. Entran a los humildes billares a pedir documentos, buscan armas en callejuelas donde se alzan endebles casas de madera.     

Aunque a veces a su paso los habitantes les lanzan piedras, los policías se felicitan porque no hay territorios vedados para ellos. “Iremos quizás cuatro juntos, pero no hay una calle a la cual no podamos entrar”, comenta un sargento.   

Ospina reconoce que la gran inversión en seguridad ha mantenido estable la violencia en Cali, sin embargo apunta que es un gasto insostenible a largo plazo.      

“No podemos apoyarnos sólo en la represión”, dice, al sugerir que un verdadero control en la venta de armas y la legalización de las drogas daría mejor resultado.



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