Colombia


Cárceles en Colombia, ¿deben desaparecer?

JUAN M. SÁNCHEZ GÓMEZ

05 de agosto de 2012 12:01 AM

Un estudio reciente suguiere que las cárceles en Colombia deben desaparecer porque no cumplen con el fin de resocializar a los delincuentes.
En el III Intercambio de Semilleros de Derecho Penal y Penitenciario, realizado en la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, donde se evaluaron 20 ponencias de 12 universidades del país, se concluyó que las cárceles son un fracaso.
“La cárcel fracasó como modelo sancionatorio y cada vez es más notoria la violación de los Derechos Humanos”, asegura Daniel Acosta Muñoz, sociólogo, coordinador de Investigaciones  del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y representante de la Escuela Penitenciaria.
Para el investigador, el 70% de los reclusos en las cárceles colombianas están por delitos menores. “La cárcel debe desaparecer, o sostenerse solo para delincuentes violentos reincidentes, con los que realmente la sociedad no tiene más remedio que el encierro, que son el 30% de los reclusos”, comenta.
Acosta Muñoz explica que ese restante 70% comete delitos menores propios de la crisis y de las necesidades que padecen. “En los delitos de agresión contra la sociedad no hay otra salida que la cárcel, pero para la mayoría de los casos se deben buscar otras alternativas”, dice.
Más domiciliaria
Juan David Posada Segura, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín y organizador del III Intercambio de  Semilleros, coincide con el planteamiento de Acosta Muñoz de impulsar la alternatividad penal.
“Menos  cárcel como sanción penal y más alternativas civilizadas, como multas para delitos menores”, sugiere.
En el país actualmente hay unas 20 mil medidas domiciliarias y “la tendencia es hacer masiva esta alternativa”.
La domiciliaria no es para personas con antecedentes, para criminales, ni para delincuentes de cuello blanco, debe ser un reconocimiento, e incluso la misma sociedad y las autoridades locales, deberían dar un punto de vista si una persona merece o no la domiciliaria.
En cuanto a las alternativas del sistema carcelario “este ha demostrado profundos errores, y un fracaso grandísimo. En muchos países, especialmente escandinavos, se aplica la vigilancia electrónica, que supone que una persona,  mientras la procesan, no debe estar privada de la libertad, sino sometida a un seguimiento satelital, con una tobillera o un brazalete, para ubicarla y así evitar que huya de la justicia, y el sistema parte del principio que las personas son inocentes hasta que se les demuestra lo contrario, pero en Colombia hace carrera la expresión que “una orden de detención no se le niega a nadie”.
Intereses oscuros
Una segunda conclusión  es que para la academia es claro que el sistema carcelario no es útil a los intereses de resocialización, pero sí para otros intereses oscuros como el manejo del tráfico de drogas, que hace que se mueva la economía negra, que es altísima en estos establecimientos.
El sistema carcelario también beneficia a muchas personas y fuerzas oscuras que quieren mantener la discriminación, por las condiciones socioeconómicas, ya que las cárceles están llenas es de pobres discriminados. “Por esta razón es que aunque veamos unos enormes fracasos en el sistema, no lo tumban”, dicen.
Cadena perpetua
La tercera conclusión es que la cadena perpetua cumplió su ciclo. “Hay muchos que abogan y piden que los castigos sean más duros porque así la gente obedece más. Eso no es cierto. Se llama ‘populismo punitivo’, porque la realidad es que cuando se aprietan las penas y se tipifican nuevos delitos los delincuentes buscan cómo evadirlos o se preparan para enfrentar lo que venga”.
En cuanto a la pena de muerte, todos saben que la cárcel es mala, pero lo único bueno que tiene es que evita la pena de muerte.
Policía Metropolitana
El teniente coronel Wilson Bernal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, dice que lo referente a las penas está tipificado en la ley penal.
Sugiere que se haga un verdadero diagnóstico sobre el sistema penitenciario y carcelario del país en dos aspectos. El primero, relacionado con la infraestructura frente a la cantidad de reclusos, y el segundo, que guarda relación con la condición de resocialización del reo. “El resultado de dicho diagnóstico podría coadyuvar en la formulación de políticas públicas en materia de seguridad”, sostiene el oficial.
El propósito de este trabajo es pasar una mirada por la situación de algunas cárceles de la Costa Caribe.
Cárcel de Ternera en Cartagena
La cárcel de Ternera fue dispuesta para 1.700 reclusos. Hace seis meses, cuando asumió el actual director, Luis Efraín Martínez, la cifra estaba en 1.810. Hoy el penal tiene 2.100 internos.
Pese al hacinamiento, en la cárcel se adelanta un trabajo que permitirá la resocialización de la mayoría de los internos. “Hay alternativas para ellos. Se tienen convenios con centros educativos desde primaria hasta universitarios. También se permite que grupos religiosos (católicos y cristianos), compartan su fe entre los internos”, dice una persona que pidió la reserva de su identidad.
Adicionalmente, se adelantan brigadas de salud y jurídicas, que buscan que el interno reconozca su error, pague por ello y pueda volver a reintegrarse a la sociedad, aunque eso no siempre se logra.  
Cárceles de Barranquilla, llenas hasta las banderas
El hacinamiento en las cárceles de Barranquilla sobrepasa los límites. Tanto La Modelo como la del barrio El Bosque superan el cupo en más del cien por ciento.
La Cárcel Modelo, la más antigua de la ciudad, fue construida para albergar a 450 internos y tiene una población de 1.010, es decir 560 reclusos por encima de lo estipulado.
El sobrecupo es uno de los causantes de peleas y disputas de territorio. Milton Aníbal, miembro del sindicado del Inpec, dijo que muchos de los presos tienen que dormir en los pisos y otros en colchonetas, si tienen la suerte de conseguir una.
La Penitenciaría de El Bosque no se queda atrás. El centro de reclusión fue construido para albergar a 650 internos y cuenta con 1.100, unos 550 reclusos más, caldo de cultivo para las peleas que a diario se presentan.
En Barranquilla existe otra cárcel, la Distrital, queda al lado de la Penitenciaría de El Bosque. Tiene unos 30 internos y su capacidad es para 200. Es una de las pocas del país que ocupa el 25 por ciento de su capacidad. Allí están las personas por delitos políticos o afines.
Para Milton Aníbal, una solución parcial al hacinamiento que tienen La Modelo y la Penitenciaría El Bosque es que a la Cárcel Distrital se trasladen algunos internos para cubrir los restantes cupos.
“La Mega Cárcel que se quiere construir en el Área Metropolitana sería la solución para el hacinamiento que hay en Barranquilla”, apunta Milton Aníbal.
Hacinamiento, pocos guardia e instalaciones deterioradas en Montería
Aunque la Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería fue diseñada para 750 reos, hoy tiene 1.752.
En los últimos días trasladaron a Montería a 450 presos de otras cárceles bajo la promesa del Inpec que destinarían $650 millones para construir un nuevo pabellón.
A las autoridades carcelarias les preocupa que solo hay 109 guardias para vigilar a los reos. Recientemente, con la emergencia eléctrica que vivió Córdoba, tras la caída de 35 torres, fue necesario racionar la energía mínimo cuatro horas diarias, situación que se volvió insostenible.
La única planta que existe en el penal garantiza luz para la parte administrativa y en las garitas, y durante la emergencia eléctrica, tocó reforzar la seguridad con patrullajes de la Policía Nacional.
Ante esta situación el director de Las Mercedes, Aníbal Galván Llorente, renunció al cargo el pasado 30 de julio. Argumentó que el penal se convirtió en una bomba de tiempo y que no hay recursos para mejorarlo.
Recordó que hace tres meses estuvo en la cárcel de Montería el director nacional del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien se comprometió con una partida de $650 millones para mejorar la locación y aumentar el personal de seguridad, ya que se movilizan unos 50 presos diarios para el cumplimiento de compromisos judiciales y citas médicas.
“La situación en la cárcel es delicada y no da espera”, dijo el funcionario quien entregó el cargo aduciendo que no se puede manejar el penal bajo las precarias condiciones en que se encuentra.
La Vega no escapa del hacinamiento
La Cárcel Nacional La Vega de Sincelejo tiene una capacidad para 520 internos y hoy cuenta con 1.067.
La sobrepoblación, constituida por 989 presos hombres y 78 mujeres, genera constantes roces entre los detenidos y problemas de resocialización.
Para Diana Luz Martínez Pérez, directora de la Cárcel Nacional La Vega de Sincelejo, el hacinamiento es una problemática de Estado, que lo viven todos los penales del país.
“Todos los establecimientos carcelarios de Colombia están hacinados a raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio y la ley de seguridad ciudadana”, expresó.
Este nuevo sistema lo que hizo fue que las cárceles del país colapsaran, “pero ya el Gobierno Nacional y la Dirección del Inpec están tomando medidas”, según Martínez Pérez.
En lo que tiene que ver con esta región, una de las medidas será la construcción de una megacárcel, en Baranoa (Atlántico), en un terreno de 43 hectáreas.
“Con esto subsanaríamos la problemática de hacinamiento en las cárceles de la región”, explicó Martínez Pérez.  
“Cárcel paralela”
En la capital sucreña existe lo que el anterior comandante de la Policía en Sucre, coronel Orlando Polo Obispo, decía una “cárcel paralela”, de la que hacen parte más de 380 internos, que gozan de la detención domiciliaria.
Además del hacinamiento y la “cárcel paralela” La Vega sufre la escasez de guardianes para la vigilancia de los presos con detención domiciliaria. Solo hay dos.
Para atacar esta problemática, El Universal conoció que la Dirección de la Cárcel está a la espera que en próximos días salga un contingente nuevo de guardianes del Inpec, para que se asignen nuevas unidades.
Universidades del Crimen: una reflexión
Las cárceles nos acompañan desde la antigüedad. Es un instituto que no ha tenido mayores reformas. Lo único es que la modernidad ha permitido que los centros carcelarios se humanicen. Sin embargo, todavía hoy en Latinoamérica y en Colombia se hacen presentes el hacinamiento, las fallas de infraestructura, las malas condiciones higiénicas y de salubridad, la falta de espacios para el deporte y la recreación, así como talleres que permitan el aprendizaje de un oficio. Incluso, se dice que nuestras cárceles son unas universidades del crimen.
En este contexto desesperanzador, la idea de buscar una transformación, un cambio o reforma, siempre se recibe con mucha desconfianza.
En el imaginario del ciudadano común está presente la idea de que los delitos se deben pagar con “cárcel” y que una sanción distinta u otro mecanismo no es más que sinvergüencería.
Una posibilidad de contribuir a reducir el número de personas en las cárceles es crear institutos alternativos. Un centro de vigilancia para hacer seguimiento a las detenciones domiciliarias y un centro de seguimiento para verificar que se cumplan los trabajos sociales impuestos como sanción.
En la actualidad, esas medidas se incumplen y no existe una autoridad que se encargue de verificar su cumplimiento y si existe, no está cumpliendo con su deber a plenitud.
El hecho de que desde las cárceles se permita el uso de celulares con los que se extorsiona a comerciantes y gentes de bien, descalifica la capacidad de compromiso del Inpec para que la sanción se cumpla en forma estricta. Incluso, que no se tenga acceso a otros medios suntuarios tales como computadores y videojuegos personales.
El delito no paga en la medida que el resto del conglomerado asuma que la reclusión de las personas sancionadas  implica la privación de derechos y oportunidades.

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