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Chevron-Texaco condenada a pagar 8.646 millones de dólares en Ecuador

La sentencia señaló que en un plazo de 60 días las partes “deberán constituir un fideicomiso mercantil”, a cargo de algunas de las administradoras de fondos del país, entidades que son parte de la banca privada ecuatoriana. 

“El beneficiario del fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonia (que reúne a los demandantes) o la persona o personas que éste designe”, precisa la sentencia. 

Afirmó que “todo el patrimonio tendrá como destino cubrir los costos necesarios para la contratación de las personas encargadas para ejecutar las medidas de reparación previstas”. 

La sentencia precisa que Chevron deberá pagar 5.396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1.400 millones para construir sistemas de salud, 800 millones para planes de salud y atención a los pacientes con cáncer, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones para recuperación de especies nativas, 150 millones para proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural. 

El abogado Pablo Fajardo, representante de los querellantes, en un comunicado enviado a la AP informó que el juez de la causa, Nicolás Zambrano, “ha encontrado que Chevron es responsable y culpable por del daño ambiental existente en la Amazonia”, y “ha ordenado que Chevron pague la suma de más de ocho mil millones de dólares para reparar el daño ambiental”. 

El abogado calificó el monto como insignificante por lo cual “con toda seguridad vamos a analizar, discutir y resolver si apelaremos a ésta decisión o no”, aseveró. 

Según Fajardo, “han pasado 40 años que la petrolera Texaco, hoy Chevron, inició sus trabajos para la extracción de hidrocarburos, y con ello, la peor catástrofe ambiental, causados por la actividad petrolera en la historia de la humanidad”. 

Añadió que por más de 17 años, los habitantes de la amazonia norte ecuatoriano han luchado “jurídicamente para lograr que la empresa Chevron, antes Texaco responda por su crimen ambiental y pague el costo económico”. 

El vocero de la empresa estadounidense, James Craig, confirmó a la AP que la petrolera fue también informado de la sentencia, y en un comunicado, Chevron señaló que “la sentencia es ilegítima e inejecutable. Es producto de fraude y contraria a la evidencia científica”. 

En el comunicado, Chevron destacó que “tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana. Chevron entiende que el fallo pronunciado hoy no es aplicable en ninguna corte que se apegue al Estado de Derecho”. 

Añadió que Chevron “procurará que aquellos que han perpetrado este fraude respondan por sus acciones y su conducta impropia”. 

Fue una referencia a la decisión de la semana pasada de un juez federal en Nueva York que concedió a Chevron una protección temporal contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización multimillonaria por supuestos daños ambientales en Ecuador. 

El dirigente de la etnia de los secoyas, Humberto Piaguaje, citado en un comunicado del Frente de Defensa de la Amazonia, señaló que “el juez ha hecho justicia y ha visto la realidad, sabemos que esto es solo una parte de nuestra lucha y seguiremos hasta que se haga justicia y se remedie el daño”. 

El dirigente de la etnia kichwa, Guillermo Grefa, en el mismo documento expresó que “la justicia existe” y por ello, los pobladores “pueden soñar con poder beber agua limpia, que no tenga residuos de petróleo como hemos tenido que beber hasta estos momentos...soñar con que la tierra se empiece a limpiar y a mejorar, podemos soñar con una vida mejor”. 

El juicio inició en 1993 cuando 88 ecuatorianos presentaron una demanda por daño ambiental en contra Texaco en la Corte Federal de Texas, y un año más tarde el mismo grupo presentó una demanda ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes desecharon las demandas poco después. 

En el 2003 la demanda ambiental en contra de Chevron-Texaco fue llevada finalmente ante la Corte Superior de Sucumbíos, en la amazonia, que se tomó ocho años para dictar sentencia. 

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