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CIDH denuncia intimidación política y débil Estado de derecho en Venezuela

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El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes, así como hay “serias restricciones” a los derechos humanos, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este miércoles.

En el informe de casi 300 páginas, la CIDH observa un “debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela” que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
El Estado no ha “garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno” del presidente Hugo Chávez.
“Se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”, señaló la Comisión.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el gobierno de Chávez se niega a permitirla desde 2002.
Caracas se rehúsa alegando que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril de 2002 contra Chávez.
Precisamente desde 2002 el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.
La negativa del gobierno de Chávez a permitir la visita “debilita seriamente el sistema de protección colectivo” creado por la OEA, consideró la CIDH.
La comisión subrayó la falta de “condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor” en Venezuela.
Asimismo, constató “un patrón de impunidad” en casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas y personas que participaron en manifestaciones.
La CIDH reconoció los avances del gobierno de Chávez en materia social, económica y cultural, pero indicó que en aras de cumplir con las demandas de la población en estas áreas “no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales”.
La comisión identificó también en Venezuela restricciones a manifestaciones pacíficas, un “ambiente hostil” contra la oposición, inseguridad ciudadana, estado precario de los presos y, sobre todo, “la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos”.
Todos estos factores “contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela”, concluyó la CIDH.
La Comisión instó al gobierno de Venezuela a tomar los correctivos necesarios para revertir la deficiente situación de los derechos humanos, como permitir un ambiente propicio para el disenso político y el respeto de la independencia de los poderes públicos.

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