Con 5 mil expedientes empieza a funcionar nueva Unidad contra el Desplazamiento

Con cinco mil expedientes que estaban archivados en la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión, empezará a funcionar la nueva Unidad contra el Desplazamiento en la Fiscalía General, en el nuevo Gobierno. Esta unidad fue creada con dos fines especiales: el primero tiene que ver con lograr la reparación de las miles de víctimas del desplazamiento forzado, producto del conflicto armado. En segundo lugar, la nueva unidad busca desempolvar esa cantidad de expedientes que están archivados en la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión, por la congestión de procesos que hay en este tipo de casos. Lo principal, entonces es empezar a darles rostro a esos cinco mil expedientes y a futuro evitar que muchos casos sigan quedando en la impunidad. No hay que desconocer que esta unidad también fue creada atendiendo el llamado que la Corte Constitucional le hizo a todas las instituciones del Estado, para que generen acciones coordinadas que permitan avanzar en materia de desplazamiento forzado. La Corte también señaló que debe garantizarse el goce efectivo de los derechos de la población en esta situación. 25 FISCALES Y 150 INVESTIGADORES La unidad especial hasta ahora está en su fase inicial, pues se está estableciendo el número de fiscales que la compondrían y determinando los parámetros para su funcionamiento. Frente a esto, el Director Nacional de Fiscalías, Germán Encizo, dijo que unos 25 fiscales especializados estarían a cargo de esta unidad y cerca de 150 miembros de la Policía Judicial, adscritos a la Policía Nacional, también conformarían el grupo de trabajo. Además, habría 20 fiscales de apoyo en varias seccionales. Encizo explicó que este grupo de trabajo deberá recibir una capacitación especial sobre el tema, y se hará un empalme sobre los procesos judiciales que empezarán a liderar en torno al desplazamiento. Según él, esta unidad es punto positivo para la entidad, pues se estaría atacando un punto crítico generado por el conflicto armado. Más de 10 mil procesos Esta Unidad se suma a las tareas emprendidas por el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, quien es consciente del delicado problema que genera para el país el desplazamiento forzado y la cantidad de hechos que estaban quedando en la impunidad, bien por la congestión en los despachos de los fiscales o porque escasean los recursos para desarrollar las indagaciones. Según Mendoza Diago, el volumen de los casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario asignados inicialmente a estas unidades, desbordó su capacidad, pues a diario la Fiscalía recibe denuncias sobre el desplazamiento en busca de una verdad, del reconocimiento de las víctimas y de su misma reparación por vía judicial. De hecho, esta clase de delitos son el mayor volumen de casos de derechos humanos conocidos por la entidad, pues la pluralidad de los casos fácilmente supera los 10.000 procesos. A esto se suma la complejidad de este tipo de investigaciones, que requieren la garantía de la no repetición de los hechos. RECONSTRUIR SITUACIONES Según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el segundo país en el mundo con mayor población desplazada, apenas superado por Sudán, y según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), hay cerca de 4 millones 600 mil personas en condición de desplazamiento. “En ocasiones no resulta tan fácil la adopción de una decisión que ponga fin a la actuación y eso tiene repercusión directa en un número importante de estas investigaciones”, agregó Mendoza Diago. Para el abogado Alirio Uribe, que ha trabajado en casos de crímenes de Estado, la nueva Unidad del Desplazamiento será muy importante dentro de este tema: “Las cifras del desplazamiento no tienen la mínima relación con el número de sentencias proferidas, pues no hay más de 30. Casi el 10% de la población colombiana está desplazada y hay que luchar en esta unidad por lograr la restitución de las tierras”. También indicó que los fiscales especializados con los que contará esta nueva unidad deberán hacer una reconstrucción histórica sobre el tema de tierras y profundizar sobre estos casos para saber qué paso con esas propiedades. A su criterio, el tema de tierras debería ser el punto central de esta unidad, si de investigación y reparación a víctimas se trata. TRATAMIENTO CON “PINZAS” Para el integrante de la Organización Viva la Ciudadanía, dedicado a los temas del desplazamiento, Gabriel Bustamante, la nueva unidad de la Fiscalía es bienvenida, porque hacía mucha falta para proteger los derechos de las víctimas de este delito. Advirtió que la impunidad es “demasiado alta” y que la Fiscalía se ha quedado corta en judicializar estos procesos que son “tan complejos”. Dijo que el buen funcionamiento de la unidad depende de dos cosas: una tiene que ver con que el nuevo Gobierno asigne recursos suficientes para atender las dimensiones de esta investigación y el otro con crear políticas claras y pertinentes para atender casos de la dimensión del desplazamiento forzado. Bustamante también fue claro en señalar que al tema del desplazamiento hay que darle toda la atención, porque es un delito que tiene consigo otros delitos conexos que afectan a hombres, mujeres, niños y niñas. Como ejemplo, mencionó un auto de la Corte Constitucional emitido en 2008, que ordenó a las autoridades judiciales atender a las mujeres desplazadas víctimas de abusos sexuales, para decir que “eso no se ha cumplido”, dijo Bustamante. Al igual que el abogado Uribe, otro de los temas que él califica como olvidados es el de restitución de tierras, pues esta clase de procesos no tienen asidero jurídico pese a que el Gobierno ha registrado un desalojo de 6 millones de hectáreas en el país en los últimos 10 años. Cabe recordar que en 2008, Acción Social aportó a la Fiscalía 1.500 millones de pesos para desarrollar investigaciones y judicializar a promotores de desplazamiento forzado. Esta nueva unidad es producto de un acta de cooperación firmada entre Acción Social de la Presidencia, la Fiscalía General y la Policía Nacional para atender a la población desplazada y los delitos de desaparición forzosa.