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Congreso chileno discute si legislará para restaurar aborto terapéutico

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El proyecto figuraba en quinto lugar para ser votado este miércoles en el Senado en su segundo trámite constitucional, es decir, su aprobación o rechazo en general, para luego dar paso a la discusión particular de cada uno de los puntos. 

Lo más probable, no obstante, es que sea rechazado por el voto en contra que anticiparon el oficialismo y parte de la oposición. En ese caso, al menos durante un año el tema no podrá volver a ser tratado en el Congreso. 

A pesar de figurar entre los temas a ser discutidos este miércoles, no estaba asegurada su votación, que podría posponerse hasta el jueves ya que podría alargarse el trámite de proyectos previos. 

De todas formas, la sola posibilidad de iniciar su discusión volvió a enfrentar a sectores liberales y conservadores, tal como pasó con la ley de divorcio -aprobado en Chile recién en 2004- y la distribución de la 'píldora del día después', que le valió a la ex mandataria socialista, Michelle Bachelet, un fuerte choque con la Iglesia Católica. 

El ala más conservadora del oficialismo se opone a la idea de legislar, argumentando defender la vida del ser que está por nacer, mientras que los sectores más liberales defienden el derecho de las madres a interrumpir el embarazo cuando es inviable para el feto, o pone en riesgo la vida de la madre. 

“La mujer, uno podría decirlo en fácil, le presta el hogar, por el tiempo del embarazo, a la vida que se está gestando ahí. Y creo que esa vida tenemos que respetarla siempre”, dijo este miércoles la senadora Ena von Baer, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI). 

Su teoría de que la mujer sólo “presta el cuerpo” y no tiene derecho a decidir sobre él, generó un fuerte debate en el mundo político y en redes sociales. 

“Yo no presto un cuerpo. Yo soy una mujer que tiene un cuerpo. Y me gusta que me respeten y creo que es tremendo que a una mujer que está en riesgo de vida, y que está comprobado médicamente, la legislación le impida evitar ese riesgo”, replicó la senadora socialista Isabel Allende. 

El gobierno también se opone a la iniciativa. Antes de asumir, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a no impulsar ninguna normativa en favor del aborto y a los pocos meses de gobierno reafirmó su postura. 

Hasta 1989, la legislación chilena contemplaba el aborto terapéutico bajo ciertas condiciones, pero en una de sus últimas normativas, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió bajo toda circunstancia. 

En 21 años de democracia, nunca el Ejecutivo impulsó un proyecto de ley para restaurar la iniciativa, al no poder generarse un consenso sobre el tema en una sociedad reconocida como conservadora, por la gran influencia de la Iglesia Católica. 

En paralelo también se han presentado en el Congreso -sin tampoco prosperar- proyectos de ley para endurecer las penas, que hoy castigan a las madres que se someten a un aborto con entre tres y cinco años de prisión y con 541 días a quien se lo realice. 

“Esta es una deuda de la democracia chilena, que aún mantiene estas leyes de amarre instauradas por la dictadura”, dijo a la AFP la socióloga de la Universidad Central, Claudia Dides, vocera de la ONG 'Miles por la interrupción legal del embarazo'. 

“La discusión todavía es muy incipiente. Recién se va debatir sólo la posibilidad de conversar sobre el tema, que es algo muy básico (...), estamos a años luz del aborto libre”, agregó Dides. 

La polémica se da en un contexto en el que la mayoría de la población apoya la restitución de la normativa, en un país que cuenta con un alto número de abortos pese a la prohibición total. 

Un sondeo de la Corporación Humanas arrojó que un 75% de las encuestadas aprueba la realización de un aborto cuando está en peligro la vida de la madre. 

En tanto, informes del Ministerio de Salud estiman que en Chile se realizan unos 150.000 abortos al año, algunos de ellos espontáneos, aunque la mayoría clandestinos.  

En algunas clínicas privadas el procedimiento se realiza, aunque se disfraza bajo otra patología, como una operación de apendicitis, según denuncian varias organizaciones.



El proyecto de ley propone permitir la interrupción del embarazo en caso en que esté en riesgo la vida de la madre, sea inviable la vida del feto o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, en cuyo caso sólo podrá practicarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación.  

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