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Consejo de Estado estudia demanda que busca garantizar acceso de discapacitados al transporte masivo

El Consejo de Estado suspendió de forma parcial la norma que determina el número de vehículos de transporte masivo que se deben acondicionar para población discapacitada, mientras estudia la demanda que así lo solicita.

Carlos ( * ) interpuso una demanda para que se decretara la nulidad de la Resolución N°004659 del 10 de noviembre de 2008, proferida por el Ministro de Transporte, en donde aparece la frase “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos con condiciones de accesibilidad para discapacitados”, para referirse a la obligación que tienen las empresas de implementar servicios especializados de transporte.

En la demanda se alega que dicha frase desconoce el porcentaje del 20 porcentaje establecido expresamente por el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003, “dejando al arbitrio de la empresa de transporte masivo fijar el mínimo de vehículos”.

Con ese 20 por ciento que establece la ley se busca llegar progresivamente a un 100 por ciento de la adecuación de los buses para garantizar el acceso de transporte a todos los discapacitados.
A juicio del señor Jesús, el decreto “vulnera abiertamente las normas superiores de la Constitución y la Ley porque es contrario al principio de igualdad y promueve la discriminación”.

El Consejo de Estado admitió esta demanda de nulidad y empezará a ser estudiada para resolverla.
En la demanda se establece que paulatinamente debe llegarse al ciento por ciento de la adecuación de los buses del sistema integrado para garantizarles a todas las personas con discapacidad el acceso al transporte masivo terrestre.

“Los sistemas integrados de transporte masivo deberán garantizar el acceso al transporte público de la población y en especial de las personas con discapacidad, sin limitaciones que supongan cargas excesivas”, señala la demanda.

En el recurso se determinó que se deben tener en cuenta los principios en que se funda el Estado Colombiano, la supremacía de la Constitución Política como norma de normas, el derecho fundamental a la libre circulación en el territorio nacional, el principio de accesibilidad al transporte público y las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos, entre otras.
Frente a esta decisión provisional del Consejo de Estado, el Representante Legal del Ministerio de Transporte, por intermedio de su Secretaría General, deberá enviar los antecedentes
administrativos del decreto que no establece un monto fijo para garantizar periódicamente el acceso de los discapacitados a los buses del sistema de transporte masivo.

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