Corte ordena frenar pagos del Departamento en caso Santamaría

La Corte constitucional ordenó al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena abstenerse de todo pronuncia-miento y decisión sobre los reajustes, reliquidación y actualización de los pagos pensionales a los docentes jubilados de Bolí-var. Esto implica un freno a los embargos contra el Departamento en el sonado caso del abogado Julio Santamaría López, co-mo apoderado de los jubilados docentes de Bolívar para sus reclamaciones económicas. La decisión de la Corte se da al aceptar la revisión de una tutela interpuesta por la Gobernación de Bolívar en la que alega que se le ha violado el debido proceso en este largo pleito jurídico. De igual forma la Alta Corte le señala a la Gobernación de Bolívar que se abstenga inclusive de ordenar pagos por conceptos de reajustes pensionales, hasta tanto la corporación no revise todos los situaciones que se han dado en este proceso. Habla Gobernador (e) Para el gobernador encargado de Bolívar, Jorge Mendoza Diago, el mérito por este eventual logro jurídico es del mandatario titular del cargo Joaco Berrio Villarreal, quien, a su juicio, se propuso detener por vía legal estos pagos millonarios que han desan-grado el Departamento en una suma global superior a los 100.000 millones de pesos. La exhorbitante suma se debe a que Gobierno Departamental ha venido desembolsando el 30% del recaudo del Impuesto a la Cerveza, viéndose obligado a desembolsar anualmente $15 mil millones en cumplimiento de una orden judicial. Jorge Mendoza celebró el espaldarazo de la Alta Corte al Gobierno Departamental, al decidir revisar este fallo de tutela que en primera y segunda instancia había sido desfavorable para el Departamento. Medida necesaria El organismo administrador de justicia en su determinación expresa que la medida es necesaria y urgente en su cumplimiento, para que la Corte pueda examinar con detenimiento las causas del caso planteado. La Administración Departamental alega que en los fallos emitidos por los jueces de turno, obligándolo a los millonarios desem-bolsos, se le ha violado el debido proceso. Solicitud al Tribunal El jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, José Julián Vásquez Buelvas, le solicitó al magistrado ponente del proceso hacer la respectiva notificación de esta decisión de la Corte, al Tribunal Superior de Cartagena-Sala Laboral. Vásquez solicita que la actuación sea rápida, teniendo en cuenta que la Sala Laboral tiene de plazo hasta mañana 30 de septiembre, para resolver un recur-so de apelación de la Gobernación. De igual forma remitió copia de la decisión de la Corte al magistrado Manuel Araújo, ponente del proceso en el tribunal superior de Cartagena.