La Corte Suprema de Justicia propuso anoche crear “una comisión de la verdad” que ayude en establecer lo ocurrido, más allá del plano penal, por lazos entre bandas paramilitares y políticos. Tal comisión estaría integrada por representantes de los tres poderes. El anuncio fue hecho a reporteros por el magistrado Sigifredo Espinosa tras una reunión de la Corte. La Corte exhorta “al gobierno nacional para que convoque a las principales fuerzas sociales, en representación de los tres poderes, con organizaciones de víctimas y de derechos humanos y otras agrupaciones civiles, en orden a estudiar la conformación de una comisión de la verdad que, paralelamente a los juicios penales que se siguen... ayude a establecer la verdad sobre el pasado que aquí se juzga”, dijo Espinosa. El magistrado no dio detalles sobre el funcionamiento, labores específicas o número de integrantes de la comisión propuesta. La Corte Suprema adelanta desde noviembre del 2006 una vasta investigación sobre alianzas políticas entre legisladores y el paramilitarismo, proceso por el cual al menos 40 congresistas han sido detenidos y de ellos, una decena condenados por el delito de “concierto para delinquir” o asociarse para la comisión de delitos. Mediante las alianzas los paramilitares presionaban a la población para votar por ciertos políticos a cambio de que éstos luego les concedieran favores o privilegios a los líderes de esos grupos clandestinos de extrema derecha, según investigadores judiciales. PROCURADURÍA PEDIRÁ NULIDAD El procurador general Alejandro Ordóñez anunció que el Ministerio Público solicitará a todos los procuradores delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que exijan la nulidad de los procesos de parapolítica que reanudaron a la Corte, luego de que los congresistas renunciaran al fuero parlamentario. Según el jefe del Ministerio Público, la Sala Penal es “incompetente para conocer de los procesos de los ex congresistas”, y que con su accionar el Tribunal “está desconociendo garantías de tipo constitucional, y se viola el debido proceso y el principio de legalidad de los investigados”. El Procurador afirmó que “el delito de concierto para delinquir agravado no se contempla dentro de los hechos punibles en los que pueda incurrir un legislador en el ejercicio de sus funciones”.
Mundo
Corte Suprema propone “comisión de la verdad”
NOTICIAS RECOMENDADAS
Comentarios ()