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CorteIDH ordena Venezuela levante sanciones a opositor político

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de un opositor venezolano que demandó al estado de Venezuela por supuesta violación a sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impiden postularse a un cargo de elección, indicó el propio demandante, el ex alcalde Leopoldo López

“Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela!”, dijo López a través de su cuenta en la red social de Twitter. 

“Con la decisión de la CorteIDH. A seguir trabajando para construir #LaMejorVzla”, expresó en otro mensaje a través de Twitter. 

López, de 40 años y quien aspira a ser candidato presidencial en los comicios de 2012, en marzo del 2008, presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia que inicialmente es la que somete a consideración un pleito y decide si lo entrega o no a la Corte para que falle. 

La Comisión pasó el caso a la Corte en diciembre del 2009 y le solicitó ese tribunal que declarara que el Estado venezolano violó los derechos políticos de López. 

La Corte, hasta ahora no ha revelado oficialmente si el dictamen fue a favor o en contra de López, en todo caso la decisión fue unánime, indicó el 2 de septiembre el presidente y magistrado del alto tribunal, el peruano Diego García Sayán durante el reciente 92 período de sesiones en Bogotá. 

El canciller venezolano Nicolás Maduro en declaración a periodistas afirmó que poco después que las autoridades venezolanas no se pronunciaran hasta tanto estudie el contenido de la sentencia. 

“Apenas sabemos que ha salido publicado esto, preferimos estudiarlo y hacer un pronunciamiento en base al conocimiento real sobre lo que ha sido decidido por la CIDH, en todo caso debe quedar claro que la lucha contra la corrupción y los corruptos seguirá”, dijo Maduro a la prensa. 

El canciller recordó que “en Venezuela existe un orden jurídico establecido, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder ciudadano, esta es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán”. 

El dirigente venezolano alegó en su demanda que el Estado violó sus derechos políticos al imponerle una inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de funciones públicas prohibiendo su participación en las elecciones regionales del 2008. 

López argumentó que su sanción fue una medida administrativa y no una condena penal firme dictada por un juez competente, lo que iba contramano a los estándares convencionales.

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