Critican en Perú “satanización” de Corte Interamericana de DDHH

El presidente de la Corte Interamericana de DDHH, el peruano Diego García Sayán, lamentó el martes que se haya generado en Perú una “satanización” contra ese tribunal, que evaluará denuncias de ejecuciones extrajudiciales en un rescate de rehenes tomados por un grupo rebelde en 1997. 
En declaraciones al Canal N de TV de Lima, García Sayán criticó que haya una “satanización que hacen algunos extremistas afiebrados que señalan que (los jueces de la Corte IDH) son herramientas del terrorismo”. 
“Todos los países tienen casos (abiertos en la corte) y nadie siente que hay una agresión al Estado y que se socava el espacio de las instituciones democráticas nacionales”, dijo. 
La semana pasada la Comisión Interamericana de DDHH elevó un pedido a la Corte IDH, con sede en San José, para que abra proceso contra el Estado peruano por el caso del operativo militar “Chavín de Huántar”.
Esa operación la ejecutó en abril de 1997, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, un grupo de militares para liberar a 71 rehenes tras 126 días de cautiverio en la residencia del embajador de Japón en Lima, que había sido asaltada por 14 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 
En esa acción murieron un rehén, dos militares y los 14 guerrilleros, pero según algunas versiones hubo una ejecución extrajudicial de tres subversivos, que la Comisión pide se investigue y se enjuicie a los responsables. 
García Sayán estimó que esa acción fue una respuesta legítima del Estado ante el terrorismo y anotó que si con posterioridad se ejecutó a personas rendidas, es un tema sobre el que no puede opinar por su condición de magistrado.
“La Corte IDH no es un tribunal penal, no enjuicia ni enjuiciará a ninguna persona”, dijo al señalar que puede ordenar o no que un Estado procese a personas que participaron en el operativo. 
Según Sayán, el tribunal que preside ventila casos contra Argentina, Brasil y Colombia, éste último con tres veces más casos de violaciones que Perú, “pero sólo acá se arman estos líos tan extraños”. 
Tanto la CIDH como la Corte son duramente criticadas por políticos conservadores que las acusan de buscar favorecer a los rebeldes del MRTA y desprestigiar el rescate militar, considerado una acción exitosa por la sociedad peruana. 
Perú rechazó la demanda y anunció que planteará, ante la OEA, junto a otros países sudamericanos, la reestructuración de la competencia de esa comisión.