El gobierno cubano flexibilizó las normas que limitaban la migración interna e impedían que las personas de otras provincias se asentaran en la capital sin previo permiso oficial. Un decreto publicado el martes en la Gaceta Oficial de Cuba firmado por el presidente Raúl Castro modificó parcialmente uno anterior de 1997 que prohibía asentamientos en la capital de la isla sin permiso oficial.
Las regulaciones en la década de 1990 levantaron muchas polémicas entre los cubanos ya que, por ejemplo, si eran encontrados por las autoridades en la capital sin tener ahí su domicilio o estar de manera justificada podían ser devueltos a su localidad de origen.
En aquellos tiempo, el gobierno cubano buscaba, en medio de una fuerte crisis económica tras la caída de los aliados de Europa oriental, evitar una migración masiva hacia la capital del país donde se concentran industrias y algunos de los principales centros turísticos.
“A pesar de que se mantienen las causas y condiciones que en su día motivaron la adopción del referido decreto” (el de1 997), dice la enmienda fechada el 29 de octubre de este año, “resulta aconsejable exceptuar de la tramitación del procedimiento que este establece a determinadas personas provenientes de otras provincias del país que soliciten su traslado con carácter permanente hacia La Habana”.
La modificación es parcial pues no se elimina los requisitos, es decir la solicitud de permisos, exigidos para que los ciudadanos se muden a la capital, pero “se exceptúa” de ellos a los cónyuges, hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos del titular de una vivienda en La Habana, los hijos menores de edad de un esposo o esposa no titular y en general los núcleos familiares de una persona a la cual se asigne un inmueble.
Castro anunció el año pasado una “actualización” del modelo económico y social de la isla, que incluía desde un paquete de medidas de apertura financiera como la flexibilización del trabajo independiente del Estado o la autorización para la compra y venta de carros y casas.
El mandatario indicó que se estudiaba eliminar prohibiciones en general y racionalizar las leyes del país.