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Denuncian corrupción en gran escala tras inundaciones en Río

Cuando la avalancha de barro se precipitó sobre el barrio de Vanessa Silva, abrió un hueco en el frente de su casa e ingresó a la cocina y el baño.

Seis meses después, la pila de ladrillos, polvo y hierro retorcido sigue allí. Silva y su familia están alojados en la casa de unos amigos, enfurecidos por denuncias de que el dinero para la reconstrucción de los daños causados por la peor tragedia natural vivida en Brasil en un siglo ha sido robado. 

En un país acostumbrado a las coimas y a los políticos filmados recibiendo dinero a cambio de favores, la noticia causó estupor. Las lluvias torrenciales de enero provocaron deslizamientos en las laderas de las montañas de Río de Janeiro y mataron a 981 personas. No se tiene noticias de otras 322, que probablemente hayan fallecido. Unas 32.000 se quedaron sin vivienda. 

Y ahora la ciudad de Teresópolis, donde barrios enteros siguen cubiertos de barro, no puede disponer de los fondos para la reconstrucción porque las partidas están congeladas en medio de tres investigaciones: una por posible uso indebido de fondos del gobierno nacional, otra por presuntas violaciones a las leyes que protegen el medio ambiente y una tercera relacionada con posibles irregularidades en la contratación de firmas para las tareas de limpieza. 

Los detalles de las investigaciones, incluidos los nombres de los involucrados, no han sido revelados siguiendo una vieja política, pero con lo poco que sabe, Silva está furiosa. “Es como que estos políticos se ríen de nosotros, se aprovechan incluso cuando estamos de rodillas”, se quejó. 

Las autoridades nacionales asignaron más de 100 millones de dólares a tareas de reconstrucción en la zona luego de los deslizamientos. Se suponía que el dinero sería usado para la limpieza, la reparación de calles y el tendido eléctrico, y el alojamiento de las personas que se quedaron sin vivienda. 

Algunas cosas se hicieron en Teresópolis: se restauró un puente, asfaltaron una calle cuyos adoquines se los había llevado el agua y se llenó de cemento un terraplén para proteger las viviendas de abajo. 

Pero investigadores del gobierno dicen que no hay comprobantes del uso que se le dio al dinero. Que muchas compañías no firmaron contratos y que, a juzgar por las agendas, varias empresas debían estar en un mismo sitio, haciendo el mismo trabajo. 

No hay comprobantes del trabajo que se hizo. Los auditores le dieron a las autoridades municipales hasta el 22 de agosto para que expliquen cómo se gastó el dinero y congeló los fondos que quedan. 

El alcalde de Teresópolis, Jorge Mario Sedlacek, asegura que no ha habido irregularidades, pero el concejo municipal le dio una licencia. A quienes dicen que la suspensión de la ayuda es algo cruel, Valdir Agapito Teixeira, director de auditorías internas de la Contraloría General del gobierno nacional, les responde: “No se trata de negarle recursos a la población. Lo que ocurre es que tenemos que castigar a los responsables del fondo antes de continuar”. 

Las autoridades municipales aparentemente trataron de entorpecer la tarea de los auditores transfiriendo dinero de una cuenta a otra, según el coordinador de la investigación Luiz Claudio de Freitas. 

Fueron contratadas empresas menores, con un puñado de empleados y sin el equipo necesario, dijo Freitas. Agregó que los auditores sospechan que algunos funcionarios municipales recibieron sobornos a cambio de contratos. 

Las autoridades de Teresópolis aseguran que no hubo irregularidades y algunas de las firmas mencionadas en las denuncias dicen que todo es una confusión, comprensible en medio del caos derivado del desastre. 

Una de ellas, Contern Construction and Commerce, emitió un comunicado diciendo que había respondido de inmediato a un pedido de ayuda y trabajado 45 días en condiciones extremadamente duras. 

“Este trabajo contribuyó a rescatar y ayudar a miles de personas y fue realizado en forma legal, según las necesidades del momento”, afirmó la firma en una declaración. “Los servicios fueron supervisados por los propios auditores del gobierno municipal”. 

Teresópolis no es la única ciudad en la que podría haber habido irregularidades. En la vecina Nova Friburgo, donde fallecieron 428 personas, los fiscales ordenaron a los investigadores que fuesen a la municipalidad a buscar documentos que indicen cómo fueron usados los fondos. afirmaron que las autoridades municipales se negaron a entregar los documentos a pesar de nueve solicitudes formales entre enero y julio. 

“Este comportamiento es particularmente vergonzoso porque los imputados se aprovechan del peor desastre nacional que ha sufrido el país”, expresó Jesse Ambrosio dos Santos Junior, el fiscal a cargo del caso. 

El alcalde Demerval Neto dijo en un comunicado que la municipalidad puso sus archivos a disposición de los investigadores. 

Mientras tanto, la construcción de 6.641 viviendas anunciada por la presidenta Dilma Rousseff en enero no comenzará hasta octubre. Unas 700 laderas tienen que ser reforzadas antes de que vuelvan las lluvias. 

Entre ellas la del barrio de Vanessa Silva, donde cientos de familias no tienen otra opción que permanecer en viviendas que supuestamente deben ser demolidas. 

“Si al menos nos diesen materiales, podríamos hacer muchas cosas nosotros mismos”, manifestó Daniel de Oliveira Silva, obrero de la construcción que está reconstruyendo una casa de fin de semana de una familia rica. En su propia vivienda no tiene electricidad y el piso de bajo, donde vivía su madre, está cubierto de barro, pero se niega a irse. 

Vanessa Silva, cansada de vivir de la caridad de amigos y separada de sus seis hijos, se anotó en un programa que otorga dinero para alquileres. Todavía no ha visto un centavo, asegura. 

“Deberían avergonzarse”, dijo Silva del gobierno. “Mucha gente se hizo rica gracias a esta tragedia, pero nosotros seguimos aquí, esperando que Dios provea”.

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