Desmovilizados no confesarían ante Fiscalía

En un motivo de controversia se ha tornado la situación de algunos desmovilizados cobijados en el Programa de Justicia y Paz. Varios de ellos han mostrado su re-nuencia a declarar ante fiscales de la justicia ordinaria ante presiones y amenazas de las que señalan ser objetos constantemente. Un nuevo testimonio que da cuenta de las presiones que estarían recibiendo los desmovilizados de las AUC que llegan a Justicia y Paz, para que declaren en contra del empresario Alfonso Hilsaca, se conoció este martes. Se trata de una comunicación en la que Eugenio José Reyes, quien dice haber hecho parte del Bloque Héroes de los Montes de María y estar recluido en la cárcel Bellavista de Itagüí (Antio-quia), denuncia estar recibiendo presiones para afectar el nombre de Hilsaca. Estas presiones y las presuntas amenazas contra los desmovilizados son las que según el declarante, han motivado a los ex paramilitares a no rendir más declaraciones. Situación similar denunció Aleider García Soto, ex miembro del Bloque Héroes de los Montes de María y que operaba en Cartagena, quien relató que se encuentra en la Cárcel La Picota en Bogotá, y que está cansado de que algunos fiscales lo amenacen con que le quitarán los beneficios del pro-grama de Justicia y Paz sino declara en contra de algunas personas de vida pública- Lo que dice el Fiscal En entrevista efectuada por la agencia de noticias Colprensa, el Fiscal General(e), Guillermo Mendoza Diago, afirmó que las amenazas que han recibido algunos ex comandantes parami-litares que están en Justicia y Paz complican el proceso a grandes niveles. “Nosotros tenemos que reconstruir la verdad independientemente de que ha-blen o no los cabecillas, el mal es para ellos, porque si no dicen la verdad y se les logra establecer por otros caminos, que de hecho están abiertos, van a perder los beneficios propios de la ley, en caso tal, antes de que vengan acá ya van a tener que cumplir penas propias de la justicia común y corriente, hasta 60 años de prisión”. Ante las amenazas y intentos de asesinatos contra familiares de ex paramilitares, alegó que esas situaciones son ciertas y que parece que ha habido actos de violencia contra los familiares especialmente de cabecillas, “pero para que nosotros intervengamos a través de la oficina del protección de víctimas y testigos, necesitamos una serie de requisitos, entre ellos que las personas quieran acogerse al programa”. “Nosotros evaluamos eso y brindamos esa protección, pero repito que aquí entran en juego muchas cosas. Lo que sí puedo decir con toda seguridad es que es un poderoso desestímulo a las declaraciones, el hecho que se atente y amenace a los familiares de los ex cabecillas”, señaló. También aclaró que la Fiscalía tiene la oficina de protección de víctimas y testigos y se ampara a veces de la colaboración internacional, de tal manera que si no tuviéramos la logística necesaria para proteger a un grupo familiar tan numeroso, bien podríamos acudir a instancias internacionales para lograrlo.