Dos demandas retan nueva ley de inmigración de Arizona

Un policía de Arizona y un grupo latino presentaron ayer los primeros retos jurídicos contra la nueva ley de Arizona que implementa medidas duras contra la inmigración ilegal. Martín Escobar, agente con 15 años de servicio en la policía de Tucson, argumenta en su demanda que no hay manera de que los agentes confirmen el estatus de inmigración de la gente sin obstaculizar sus investigaciones. La querella, presentada el jueves en la corte federal de distrito de Tucson, asevera que la nueva ley de inmigración viola numerosos derechos constitucionales y podría dificultar investigaciones policiacas en áreas predominantemente hispanas. Un grupo de clérigos también presentó una demanda el jueves en una corte federal en Phoenix. La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos buscará un mandato que evite que las autoridades apliquen la ley. El grupo sostiene que la ley federal invalida la regulación estatal de fronteras nacionales y que la ley de Arizona viola los derechos procesales permitiendo que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados. Promulgada la semana pasada por la gobernadora republicana Jan Brewer, la ley exige que la policía local y estatal interrogue a la gente sobre su situación inmigratoria si hay motivos para sospechar que están sin papeles en el país y criminaliza a nivel estatal estar ilegalmente en Estados Unidos. Otros grupos hispanos y defensores de los derechos civiles, incluso la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés), también planean demandas y el secretario de justicia Eric Holder ha dicho que el gobierno federal podría cuestionar la ley. El miércoles, un grupo presentó la documentación requerida para proponer un plebiscito que podría congelar la ley hasta 2012 si los organizadores esperan hasta último momento para entregar las firmas de la solicitud para someter la medida a votación. Los opositores de la ley tienen hasta fines de julio o principios de agosto para presentar más de 76.000 firmas, la fecha en que la ley debería entrar en vigencia. Si logran suficientes votos, la ley quedaría postergada hasta una votación, pero el plazo para incluir un tema en las elecciones de noviembre es el 1 de julio y solicitar el plebiscito más tarde de esa fecha podría demorar una votación sobre la ley hasta 2012, dijeron funcionarios en la Secretaría del Estado.