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Edificaciones públicas deben ser aptas para discapacitados

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Una tutela de la Corte Constitucional sienta las bases para que en todas entidades del Estado adecuen sus instalaciones pensando en los minusválidos.

"Toda persona que se sienta discriminada puede invocar la protección del juez constitucional con el propósito de que cese la vulneración a la que se encuentra sometida", afirma la Corte Constitucional en la tutela T-030 de 2010.

LA DEMANDANTE
Eso fue lo que hizo María Irma Campo Urrutia, una mujer quien desde hace 20 años se moviliza en una silla de ruedas en la que además realiza su actividad laboral como vendedora de lotería.
Para María Irma, es claro que cumplir a diario con sus obligaciones es toda una odisea debido a las múltiples barreras que debe afrontar no solo en las calles y aceras, sino también en las edificaciones estatales a las que acude para realizar labores sociales de acompañamiento y asesoría a grupos vulnerables.
Muestra de estos inconvenientes los ha padecido al querer ingresar a la alcaldía de Popayán y en la Gobernación del Cauca, entre otras.
"Ni siquiera existen baños públicos que cuenten con las especificaciones estructurales requeridas para personas con algún tipo de discapacidad, como espacios amplios y pasamanos para sostenerse, razón por la cual en múltiples ocasiones he sufrido lesiones", señala la mujer al narrar parte de su drama diario.
Otras quejas están relacionadas con la altura de muchos andenes, o por la falta de posibilidad para acceder a teléfonos públicos.

EL FALLO
La suma de estos hechos fue precisamente lo que llevó a que la Corte Constitucional, al conceder el amparo reclamado, le concediera a la Gobernación del Cauca un plazo máximo de seis meses para adelantar las obras que le permitan a las personas discapacitadas tener acceso a sus dependencias.
La determinación la adoptó el magistrado Luis Ernesto Vargas al confirmar la vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad de locomoción de la demandante.
De esta manera, la Corte le ordenó a la Gobernación adoptar de manera urgente y definitivas las medidas para la efectiva eliminación de las barreras arquitectónicas, entre las que están rampas, andenes, baños y teléfonos públicos que puedan ser usadas por personas en silla de ruedas.
La decisión previene al Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación para que tome las medidas necesarias para que supervise que las entidades accionadas eliminen las barreras arquitectónicas que impiden a los limitados físicos acceder a los edificios de la Gobernación del Cauca y de la Alcaldía de Popayán.
Con esta decisión la Corte le recordó al Estado la obligación que tiene de brindar una protección especial a las personas discapacitadas y los alcances de hacer valer la libertad de locomoción y de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y edificios abiertos al público por parte de las personas con movilidad reducida.

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