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Embarazo no es razón para negar curso de ascenso en Inpec

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Un duro pronunciamiento a favor de las mujeres en estado de gravidez hizo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En esta oportunidad el “jalón de orejas” fue para el Inpec, por haber limitado la posibilidad de una aspirante a dragoneante de esa institución, por el sólo hecho de estar esperando un hijo.
Se trata de Leidy Marcela León, quien se vio obligada a recurrir a una tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil -Cnsc- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, pues a pesar del buen desempeño en sus labores académicas, dentro del curso para dragoneante, fue retirada definitivamente del mismo una vez comunicó sus 15 semanas de embarazo.
Con ponencia del magistrado Edgardo Villamil Portilla, la actitud del Inpec es “reprobable constitucionalmente”, pues considera que es una clara discriminación por su estado de embarazo. Esa “odiosa distinción –agrega la decisión- debe recibir la censura constitucional para asegurar la protección especial que merece la mujer en estado de gravidez”.
En tal sentido el alto tribunal le dio la razón a la demandante para quien el comportamiento de las entidades demandadas afecta ostensiblemente sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al igual que los derechos de los niños. Este concepto fue plenamente respaldado por la Corte Suprema de Justicia al reiterar la jurisprudencia en la que de tiempo atrás se ha dado una protección especial a las madres de quienes, señaló, “tienen derecho a gozar de una especial protección del Estado y la sociedad, pues la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales imponen la obligación de respetar el embarazo y el periodo de lactancia, como el momento cumbre de reproducción de la especie humana”.

SIN RAZÓN
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia desestimó las razones con base en las cuales las dos entidades demandadas quisieron justificar las determinaciones por ellas adoptadas en contra de la demandante.
Al respecto tanto el Inpec como la Cnsc manifestaron que nunca dieron un trato discriminatorio a la señora León Castro, “por el contrario (…) se protegió al que está por nacer y a la madre toda vez que las asignaturas programadas implican un esfuerzo físico que la estudiante no puede realizar por su estado de gravidez, que pondría en peligro su vida y la del nasciturus (bebé)”. Otro de los argumentos de las entidades implicadas estuvo relacionado con la advertencia que desde el ingreso al curso se hace de manera tácita a los estudiantes, en cuanto a que “en la fase II, las aspirantes no debían estar en estado de embarazo y si lo estaban o llegaren a estarlo, será retiradas”.

LA ORDEN DE LA CORTE
Al fallar la Sala Civil consideró necesario recordar los acuerdos internacionales en los que se eliminan todas las formas de discriminación contra la mujer; adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas en 1979, al igual que por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
“La decisión adoptada por la entidad accionada de retirar a la aspirante por su estado de embarazo constituye no sólo una forma de discriminación, prohibida legalmente, sino que agrede el derecho fundamental de crear una familia”, señaló el alto tribunal.
Además, agrega, “la conducta de la autoridad se despreocupa de proteger la vida de la madre y del que está por nacer, dado que la expulsión injustificada puede causar traumas a nivel tanto psicológico como afectivo y coarta la libre decisión sobre la maternidad”.
Así pues, finalizó la Corte manifestando que en defensa de los derechos reclamados se debe conceder el amparo solicitado por lo cual le ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dejar sin efectos la decisión de excluir a la accionante de la fase II de la Convocatoria para dragoneante, y se disponga lo necesario para el restablecimiento pleno de los derechos de la accionante en el concurso.

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