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Feminicidio siguen golpeando con fuerza en Iberoamérica

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Para plantear soluciones desde la perspectiva de la prevención, los recursos judiciales y los medios de protección de las víctimas, expertos de 15 países iberoamericanos se reunieron en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Cartagena de Indias, en el marco del seminario “Violencia de género y feminicidio”, que finalizó el pasado viernes.

La situación en la región varía mucho de un país a otro, especialmente a la hora de medir el alcance, los métodos y el entorno en que se produce la violencia de género, según lo explica Francisco Segovia Losa, coordinador de proyectos de la Fundación del Consejo General de la Abogacía de España, y coordinador de la actividad.

Segovia Losa distingue dos tipos de contextos que deben ser tenidos en cuenta para diagnosticar y proponer soluciones: la violencia intrafamiliar y la que ocurre por fuera de ese entorno.

En este aspecto se observan grandes contrastes en Iberoamérica. Mientras en países como España el 95% de los casos denunciados están asociados con violencia intrafamiliar, en México y Centroamérica, especialmente en Guatemala, esa cifra puede alcanzar el 30%. En estos últimos países también han aparecido nuevas formas de ensañamiento, propias del crimen organizado y métodos asociados con las bandas de traficantes, pandillas o mafias de tratas de mujeres con fines de explotación sexual.

El registro confiable de denuncias de violencia de género y feminicidio es un eslabón débil en los programas y políticas contra este fenómeno.

En México, según cifras extraoficiales que manejan ONG y organizaciones civiles de mujeres, en 2010 fueron asesinadas 2.500 mujeres; mientras que en Guatemala, un país cuya población apenas supera los 11 millones personas, los casos superaron los 1.000 ese mismo año, y en El Salvador se contabilizaron 580 presuntas víctimas de feminicidio.

En Colombia

En Colombia, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2004 y 2008, “6.603 mujeres fueron víctimas de homicidio”. Sin embargo, no está claro que hayan sido asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Esa misma institución señala que de ese total, “238 fueron asesinadas como producto de la violencia económica, 437 producto de la violencia intrafamiliar, 694 producto de la violencia sociopolítica y 811 producto de la violencia impulsiva (venganzas, riñas y delitos sexuales)”.

Y un dato contundente: el 71,6% de los casos en los que se conoce que el presunto agresor era un familiar, éste era su pareja o expareja.

A la hora de diseñar políticas de prevención, control y erradicación de este flagelo, Segovia Losa reconoce que no hay fórmulas mágicas, sin embargo, considera que cualquier iniciativa en este sentido debe tener al menos cuatro elementos básicos: Por un lado, la regulación legal debe ser integral y preventiva, es decir, debe involucrar a todas las instancias e instituciones (fiscales, jueces, forenses, abogados, médicos), a lo cual deben sumarse  grandes campañas sociales contra la violencia de género.

Según el experto, también es necesario construir buenos protocolos para la atención de las víctimas, y al mismo tiempo implementar observatorios de violencia que permitan profundizar en el seguimiento y conocimiento del fenómeno.

Por último, subraya que el Estado debe apostarle a la formación de los funcionarios y profesionales implicados en la atención del problema.

Segovia Losa afirma que en general en Iberoamérica hay avances en cuanto a políticas y leyes (algunas muy buenas, reconoce), sin embargo, persisten errores en la aplicación que a la postre favorecen la impunidad.

“El nivel institucional puede ser perfeccionado, pero hay déficit o errores en la aplicación de las políticas, lo que hace que el impacto sea muy pobre”, afirma Segovia, quien subraya que un Estado responsable debe jugársela para garantizar que no haya discriminación, violencia ni impunidad.

Sobre el seminario

Con el seminario se buscaba promover modos de actuación en la esfera gubernamental, no gubernamental e intergubernamental en Latinoamérica con el fin de superar los obstáculos de derecho y de procedimiento que impiden el acceso de la mujer a recursos judiciales y medios de protección eficaces.

En la actividad participaron 35 personas, entre funcionarios responsables de órganos judiciales, lo mismo que instituciones y fundaciones comprometidas en la prevención y el combate de la violencia de género en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay

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