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Fiscalía elevó a delito de lesa humanidad el asesinato de Bernardo Jaramillo

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A punto de prescribir el caso por el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, UP, Bernardo Jaramillo Ossa, la Fiscalía elevó el crimen a delito de lesa humanidad.

La finalidad de esta medida, además de evitar su prescripción, es evitar la impunidad del hecho y continuar con la práctica de pruebas hasta agotarlas.
La decisión la tomó un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH que determinó que la conducta de homicidio de la que fue víctima el 22 de marzo de 1990 Jaramillo Ossa, hizo parte de un ataque generalizado y sistematizado contra una población determinada.
Justamente, la petición de elevarlo a crimen de lesa humanidad estuvo impulsada por el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, quien reactivó el caso de muchos de los magnicidios ocurridos hace 20 años, con la práctica de nuevas pruebas.
Los nuevos testimonios y documentos recaudados dentro de este proceso, fueron un elemento esencial para que el ministerio Público acopiara la teoría de crimen de lesa humanidad, por ser un ataque sistemático y generalizado contra la UP.
Esta misma teoría la aplicó el fiscal instructor, al considerar que "el caso de dirigente reúne los requisitos de un crimen de lesa humanidad, por cuanto hubo un ataque generalizado, ejecutado con conocimiento, y sistemático en contra de un grupo político, cuyos miembros integraban la población civil".
Asimismo, la acción fue generalizada porque fueron múltiples las personas muertas que hacían parte de la UP; y sistemática, porque fue un plan diseñado y desarrollado por los carteles de la droga y los grupos armados ilegales.

EL HECHO

Jaramillo Ossa fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá por Andrés Arturo Gutiérrez, cuando el político se disponía a viajar a Santa Marta. El homicida tenía por aquella época 17 años de edad.
Con respecto a esos hechos, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sentencia del 28 de noviembre de 2001, condenó a 18 años de prisión a los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil, como responsables del delito de homicidio agravado con fines y terroristas y los absolvió por concierto para delinquir.
Asimismo, ese despacho absolvió de todos los cargos a Gustavo Adolfo Mesa Meneses.

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