Gobierno destina 200 mil millones de pesos a víctimas de la violencia

Lo que para muchas víctimas de la violencia parecía un imposible, o por lo menos un sueño difícil de cumplir, se busca que sea una realidad. Cerca de 10.000 personas afectadas por el conflicto armado en el país integran el primer grupo de beneficiados con la reparación por vía administrativa que entrega el gobierno nacional. De este primer grupo, 2.000 ya recibieron el beneficio económico y ahora, en lo que queda del año, otras 8.000 se aprestan a obtenerlo. "En los últimos 60 años que Colombia ha padecido la violencia de los grupos al margen de la Ley, ningún gobierno había tomado la decisión de hacer una reparación a las víctimas. Seguiremos insistiendo en una Ley de Víctimas que nos beneficie a todos", señala el Jefe de la Cartera, Fabio Valencia Cossio. Si todo sale de acuerdo con los cálculos fiscales hechos por los ministerios del Interior y de Hacienda, durante los próximos 10 años se destinarán 7 billones de pesos en indemnizaciones. Para estas primeras entregas el monto destinado alcanza los 200 mil millones de pesos. Es decir que a diciembre del 2009 esa será la cantidad entregada al primer grupo de beneficiados. Los beneficiados Aunque la ayuda es un beneficio, las víctimas dicen que nada paga la pérdida de un ser querido. María Sáenz Casallas, una víctima que recibió una ayuda en Popayán, reconoce los beneficios del Programa de Reparación de Víctimas por la Violencia pero, a su juicio, le resulta incomprensible que una vida humana que fue decisiva en una comunidad y segada por los efectos de una bala, una mina antipersonal, un cilindro bomba o una granada, sea pagada con una especie en dinero. "Yo jamás estaré feliz con esos pesos que me dieron, porque no tienen el universo de bondad que me dio mi marido cuando vivía a mi lado y me permitía ser una persona llena de gozo con la forma como disponía el dinero que se ganaba y que empleábamos a plenitud para vivir holgadamente", dice. María cuenta que a su compañero se lo llevaron los paramilitares en los Llanos y nunca volvió al hogar. "Pero hoy sobrevivimos gracias a esa buena disposición del Gobierno Nacional que a través del programa de reparación de víctimas nos está facilitando los medios para estar por lo menos tranquilos", agrega. Ella ahora maneja una microempresa de confecciones de camisetas y ropa para niños y niñas. Por su parte Hernando José Yadú, un joven que quedó invidente al caer en una mina antipersonal, dijo que la asistencia del Programa la va a utilizar para estudiar y ayudar a su mamá que está muy anciana. "Es que yo fui una persona sana, pero los efectos de esta guerra hoy me tienen en esta circunstancia. Hay que salir adelante y perdonar pero no es fácil olvidar lo malo que me hicieron", asegura. María Gloria Porras perdió a su compañero, pero ahora con la indemnización dice que "hay que pensar en que se debe sobrevivir con fe y dedicación". La mujer activará en agosto un taller de confecciones para trabajar con sus hijos en Bogotá. Otra de las beneficiadas es Agueda Barrios, quien dedicará la ayuda para mejorar una casa que le dejó su esposo y ahorrará para seguir educando a dos hijos menores. Dice que sigue siendo un misterio la suerte de su esposo, desaparecido por un grupo armado hace seis años en Puerto Asís, Putumayo. "De todas maneras, lo hecho por el presidente Álvaro Uribe nadie lo había realizado en este país, en todo el curso terrible de esta guerra y hay darle las gracias infinitas", señala. Así se pagará a las víctimas - Homicidio, desaparición forzada y secuestro: 40 salarios mínimos mensuales ($19.880.000 aproximadamente). - Lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente: hasta 40 salarios mínimos mensuales. - Lesiones personales y psicológicas que no causen incapacidad permanente: hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($14.910.000 aproximadamente). - Tortura: 30 salarios mínimos mensuales legales. - Delitos contra la libertad e integridad sexual: 30 salarios mínimos mensuales legales. - Reclutamiento ilegal de menores: 30 salarios mínimos mensuales legales. - Desplazamiento forzado: Hasta 27 salarios mínimos mensuales legales ($13.419.000 aproximadamente).