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Hispanos denuncian abusos en EE.UU.

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Inmigrantes, abogados y activistas denunciaron ayer ante una comisión incontables abusos contra hispanos en Estados Unidos: desde los cacheos indiscriminados de policías en la calle hasta la dureza de las leyes deportación para inmigrantes legales, pasando por la necesidad de que haya más intérpretes de español en las cortes.



Los representantes de varias organizaciones y los propios inmigrantes hablaron ante la Comisión del Colegio de Abogados de Estados Unidos para los Derechos Legales y Responsabilidades de los Hispanos. 

Milena, una colombiana de 31 años que prefirió no dar su apellido porque está intentando legalizar su situación migratoria, denunció la violencia doméstica que sufrió por parte de su marido, un inmigrante dominicano en situación legal. 

“El me dominaba, me sometía, porque yo no tenía documentos. Era su forma de mantenerme ahí”, dijo la inmigrante en un emotivo discurso. “Me animo a explicar esto porque quizás impulse así a más mujeres hispanas a denunciar su situación”. 

Milena explicó cómo su marido la denunció ante las autoridades de inmigración para poder quedarse así con la hija de tres años de ambos, que nació en Estados Unidos. La organización Sanctuary for Family logró que Milena se quedara en el país al demostrar que era una víctima de violencia doméstica. 

Manuel Vargas, fundador del Immigrant Defense Project in New York (Proyecto de Defensa del Inmigrante en Nueva York), denunció ante la comisión “las duras” leyes de inmigración y deportación para inmigrantes legales. Vargas destacó que los inmigrantes legales no tienen derecho a un abogado del gobierno una vez se ha aprobado una orden de deportación. 

“Un 90% de los inmigrantes que ha sido legales durante un largo plazo y que son deportados provienen de Latinoamérica”, dijo Vargas. “Muchos de ellos languidecen durante meses bajo la detención de las autoridades de inmigración, a menudo sin abogado”. 

Vargas también destacó que, hace años, un inmigrante en situación legal que era detenido por un delito y que enfrentaba la deportación podía quedar en libertad bajo fianza. Ahora, y dependiendo del delito, los jueces ya no pueden ordenar esa libertad, señaló. 

La administración del presidente Barack Obama deportó a un récord de 393.000 personas en el año fiscal 2010, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de defensa de los inmigrantes. 

La audiencia del viernes fue la tercera que realiza la comisión. El organismo también ha escuchado el testimonio de inmigrantes en Chicago y San Francisco. La próxima reunión pública está programada para el 20 de mayo en Miami. 

Once miembros de la comisión escucharon el viernes con expresión sombría los testimonios de los activistas y de los inmigrantes en una sala de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York. El organismo realizará un reporte con algunas de las denuncias principales y espera hacerlo público a finales de año. 

Varios comisionados destacaron la importancia de escuchar a los inmigrantes en momentos en que el censo de Estados Unidos acaba de anunciar que los hispanos del país suman 50 millones, o uno de cada seis estadounidenses. 

Darius Charney, abogado del Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), denunció los cacheos indiscriminados que realizan los agentes de policía a inmigrantes tan sólo por su apariencia. 

“La policía de Nueva York es el mayor cuerpo de policía del país. Si nos aseguramos de que realizan su trabajo de forma justa, eso puede tener implicaciones positivas en el resto de los departamentos de policía”, dijo Charney. 

La policía de Nueva York anunció recientemente que el número de cacheos realizados superó los 601.000 el año pasado, lo que representa un récord desde que el departamento empezó a registrar esos datos en el 2002. El ex gobernador del estado de Nueva York, David Paterson, firmó una ley en julio para poner fin a la costumbre de la policía de la ciudad de Nueva York de registrar los nombres de miles de personas que eran paradas y cacheadas en la calle sin ser acusadas de nada. 

El último testimonio del viernes ante la comisión fue de Altagracia Mayí, una dominicana de 57 años que perdió a su hijo, de nombre Manny, cuando éste fue asesinado por una pandilla en Queens College en 1991. 

Mayí dijo que las autoridades no procesaron a todos los culpables de la muerte de su hijo y que a su caso se le restó importancia porque ella y su hijo son hispanos. 

“Pido a este panel que me ayude a obtener justicia, para ver si puedo morir en paz”, dijo Mayí con lágrimas en los ojos. 

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