Un nuevo llamado al Gobierno Nacional hizo este lunes el Consejo Superior de la Judicatura. De nuevo la Judicatura pidió ser provista de mayores recursos económicos que le permitan garantizar la seguridad de jueces y fiscales en el país.
En una detallada comunicación emitida por la Sala Administrativa del alto tribunal se le recuerda al Ejecutivo su deber con los funcionarios de la rama.
Según indicó la Judicatura en el 2011 le fue asignado un monto de $1.381.374.838, provenientes del Fondo de Protección de Justicia. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de jueces y magistrados en todo el país, que asciende a 4.515 funcionarios, el apoyo presupuestal equivaldría a $305.000 al año por funcionario, $25.000 mensuales o, mejor, $850 pesos diarios.
“Más grave es la situación, si se proyecta con los mismos recursos cubrir la seguridad de exfuncionarios de la Rama Judicial, si se tiene en cuenta la necesidad de ofrecer esquemas para funcionarios con nivel de riesgo alto automotores, motocicletas, medios de comunicación, mantenimiento e insumos”, señaló el alto tribunal.
Por esta razón, la Sala Administrativa le pidió al Gobierno articular esfuerzos “de conformidad con las funciones constitucionales y legales asignadas a cada Rama del Poder Público”.
La petición de la judicatura se produjo luego del reciente homicidio de la jueza penal del circuito de Saravena, Arauca, así como de las numerosas amenazas contra funcionarios judiciales en diferentes lugares del país.
Comentarios ()