La corrupción también está presente en la cotidianidad

Aunque la historia política nacional ha hecho pensar que la corrupción se enquista en las altas esferas del poder público, los colombianos tienen ahora otra percepción. Así lo demuestra un reciente informe de la “Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República”, que hace un balance de las mayores quejas que llegan a esa entidad en el país. Las empresas de servicios públicos son las más cuestionadas por los ciudadanos. El informe se presentará hoy, cuando se conmemora la muerte del líder político, Luis Carlos Galán y, por ley y como homenaje a su memoria, el país celebra el “Día de la lucha anticorrupción”. Según los datos entregados por esta oficina, los colombianos consideran que los malos manejos están en temas de la cotidianidad, como en la prestación de servicios públicos. Así también se establece en otro informe entregado este año por la organización “Transparencia por Colombia”. Allí se sostiene que para el 2008 se reportaron ante la “Superintendencia de Servicio Públicos” 85 mil reclamos de usuarios insatisfechos. La cifra es más preocupante, pues los reclamos aumentaron en un 27 por ciento con respecto a los años pasados recientes. ¿DE QUÉ SE QUEJAN LOS COLOMBIANOS? El informe citado no se hizo a partir de fallos judiciales o de organismos de control, sino de informes espontáneos sobre reclamos, por lo que revela mejor la insatisfacción de los colombianos con las empresas de servicios públicos. El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, sostiene que los que más se denuncian son los temas de contratación pública: “El Estado cada vez ejecuta menos de manera directa y la provisión de bienes o servicios se obtiene para brindarla a los ciudadanos por contratación con empresas; en esa ejecución hay muchas quejas”. La primera de las quejas es sobre un servicio vital para los ciudadanos: el de agua potable y saneamiento básico. Departamentos como Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Sucre, Meta, Tolima, Magdalena, Quindío y Valle, (en su orden) se presentan más reclamos. La contratación es una de las quejas principales por obras que se deterioran al poco tiempo de ser construidas. Por ejemplo, en Puerto Gaitán (Meta), se denunció que se ha invertido gran cantidad de dinero en el plan maestro de alcantarillado, sin que se vean las obras. Otra de las denuncias frecuentes es que la contratación de las obras la hacen los alcaldes con empresas de las cuales son socios ellos o sus familiares. Entre las quejas más relevantes cuando se contratan obras de alcantarillado están, también, la hechura de cajas de inspección más pequeñas de lo establecido, tuberías de diámetro menor, todo ello para reducir costos. En aseo las quejas son menos, pero según el informe ello obedece al desconocimiento de los usuarios. En el estudio de Transparencia y la Universidad Externado de Colombia, también citado antes, se demuestra que el 91% de los empresarios consultados que dirigen las empresas de servicios públicos perciben “que existe soborno en las relaciones de negocios”. La consultora de Transparencia, Martha Badel, considera que si bien es cierto que las empresas tienen sistemas de atención, la eficacia del servicio no está en los niveles que se esperan. Una de las razones, para Badel, es que no existe un control social en las empresas con los llamados vocales de servicio. “El tema de servicios públicos es vital para la calidad de vida de los ciudadanos, la operación tiene que ser transparente”. OTRAS DENUNCIAS En educación la oficina reporta que los ciudadanos se quejan por costos no especificados, mala asignación de cupos en instituciones públicas y manejo irregular de recursos por parte de municipios y departamentos. Otras preocupaciones de los colombianos están por el tema electoral. Los departamentos más afectados son: Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Valle, Nariño y Huila. Se denuncia compra de votos, injerencia de grupos al margen de la ley, trashumancia electoral, entre otros comportamientos irregulares. Así mismo, a la oficina del Zar Anticorrupción llegan quejas por asuntos judiciales, por acciones u omisiones. Se destacan: influencia de políticos en los procesos, influencia de funcionarios en cargos de resolución, cobros de títulos con documentos falsos, entrega de dádivas y hasta cercanía entre procesados y jueces. POCOS CORRUPTOS El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, considera que la corrupción en el país continúa vigente a pesar de los esfuerzos del Estado y dice que la fórmula para acabarla es la sanción social. ¿Cuál es la función real de su oficina? —El programa está en contacto con la Presidencia de la República; asesora al Estado colombiano, presta el servicio de recolección de denuncias, crea programas y diseña políticas. Siendo esta oficina parte del Estado, ¿qué pasa con las denuncias contra sus entidades? —En eso hay respaldo del Presidente y del Vicepresidente. El compromiso es: ninguna indulgencia y menos con el propio Gobierno, eso sí, sin llegar a la temeridad. ¿Pero esta oficina sí tiene dientes? —Si por dientes entendemos la facultad de proferir sanciones disciplinarias o fiscales, meter a las personas a la cárcel, generar inhabilidades, imponer multas, no los tiene. La gracia no está en sus piezas dentales, sino en sus neuronas, en la conexión con la ciudadanía. ¿Cuál es el problema de la corrupción en Colombia? —No tenemos un tejido social exigente, duro con los corruptos que hacen que una persona con estas características sea condenada socialmente. Tenemos unos márgenes de impunidad elevados, por eso afirmo que hay mucha corrupción y poco corrupto. En el gobierno de Álvaro Uribe, ¿qué ha pasado con el control de la corrupción? —Se ha avanzado, pero falta demasiado. Se ha fortalecido la sociedad colombiana con la vigilancia, pero se necesita ser agresivos en la formulación de políticas preventivas.