La SIP aprobó duros informes contra Argentina, Venezuela y otros países

Ataques a la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros países, fueron condenados este martes en una votación unánime durante la sesión de clausura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el caso del gobierno de Hugo Chávez, por moción de un editor, se agregó un párrafo que menciona los regímenes "que han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para la guerra con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales". Chávez había exhortado esta semana a los venezolanos a prepararse "para la guerra", en medio de una escalada contra Colombia y Estados Unidos. La entidad que nuclea a los editores de las Américas condenó también los asesinatos de ocho periodistas en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador. "Fue el semestre más complejo en años para la situación de la libertad de prensa en el continente americano", dijo Robert Rivard, presidente de la comisión de Libertad de Prensa de la SIP. En el caso de Argentina, la SIP resolvió solicitar al Parlamento la revisión del texto de la ley de Medios Audiovisuales que impone límites a la propiedad de los medios que "tendrá consecuencias negativas para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad" de los medios. Para Bolivia, la SIP resolvió "exhortar al presidente Evo Morales y a las autoridades a abstenerse de insultar y agredir verbalmente a periodistas y medios" y pedir que se cumpla con los decretos de acceso a la información. Respecto de Cuba la SIP "exigió la liberación incondicional de los periodistas encarcelados" y "la suspensión de las acciones represivas contra los periodistas", además de condenar "el recrudeciminto del control gubernamental sobre Internet". Sobre Ecuador, la SIP "condena el hostigamiento y violencia contra los periodistas, medios de comunicación y sus directivos" y alerta "sobre las repetidas acciones del poder que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios". En el caso de Honduras, la resolución expresa "una profunda condena a la suspensión de las garantías constitucionales y a las agresiones contra periodistas" e hizo "un llamado a los grupos antagónicos para que cualquier búsqueda de solución a la crisis política tenga como norte los principios de la libertad de prensa".