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La SIP condena violación de las libertades públicas en Honduras

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó un decreto del gobierno de Honduras que prohíbe las libertades públicas como los derechos de asociación, reunión y de expresión.

Considera especialmente, como “medida absurda” que las autoridades puedan disponer la censura y cierre de aquellos medios de comunicación que pudieran estar “perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”.
En materia de libertad de prensa, el decreto emitido el 22 de septiembre y publicado en La Gaceta oficial el 26 de setiembre, con vigencia para los próximos 45 días, fue aplicado esta mañana para cerrar Canal 36 y Radio Globo, dos medios identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya, y sobre los que la SIP vino reclamando ante el gobierno para que puedan desarrollar su labor con libertad.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que “más allá de las políticas editoriales que puedan tener los medios hondureños, absolutamente todos deben tener la libertad de informar como lo manda el Art. 72 de la Constitución, sin censura previa”. Agregó, que el decreto es una “medida absurda” que le da una licencia especial al gobierno para determinar sobre cualquier medio qué se puede o no informar, cómo quiere que se haga y, “peor aún, limita la capacidad de todo hondureño de informarse con total libertad”.
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, advirtió que “este decreto permite la censura discrecional y con conveniencia política”, contrastando con todo principio institucional sobre libertad de expresión como lo establece la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec, que establece que el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión “no es un concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable del pueblo”.
Santos Calderón reclamó que “la democracia requiere para su reconocimiento como sistema, un respeto ineludible por la libertad de prensa y de expresión, más allá de las diferencias que se puedan tener sobre los criterios editoriales. Aceptar un decreto de esta naturaleza, es aceptar la censura y el cierre oficial contra cualquier medio de comunicación que se permita disentir con el gobierno o alguna de sus autoridades”.

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