Las bacrim se reproducen más rápido que el control policial

El año pasado fueron capturados 3.053 presuntos integrantes de los grupos ilegales surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas, hoy conocidos como bacrim. Pese a esa cifra, su poder parece ir en aumento. Prueba de ello es que empezando el 2012 cayó muerto Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’ y, como no sucedía hace años, sus lugartenientes ‘Los Urabeños’ paralizaron el transporte y el comercio en municipios de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena.
Antes, fue capturado en Venezuela Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, y ya suena como su remplazo en la jefatura de ‘Los Paisas’, Carlos Esneider Quintero Galvis, alias ‘El Gomelo’, aunque fuentes policiales afirman que este año habrá que estar pendientes también del ascenso de los alias ‘Chepe’ y ‘Puma’. 
El trabajo de las autoridades también ha hecho que caigan hombres importantes en ‘Los Rastrojos’, como Ángel de Jesús Pacheco Chancy, alias ‘Sebastián’, y Carlos Hugo García García, alias ‘Chocolate’. Esa banda, de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, ‘Los Comba’, es la más ‘poderosa’ actualmente.
Lo dijo el mismo director de la Policía, general Óscar Naranjo, en la rendición de cuentas del año pasado: “La capacidad  de reclutamiento de estas bandas criminales sigue siendo alta y no obstante que 13 mil capturas se han producido desde el 2006, no se ha logrado desarticular y desmantelar ese fenómeno”.
El reto para el gobierno de Juan Manuel Santos es tal que ya incluso el alcalde saliente de Cereté (Córdoba), Rafael Chica Guzmán, propuso que se decrete estado de conmoción interior en los municipios de los siete departamentos donde tuvo éxito el paro armado de ‘Los Urabeños’. Esto, por estimar que la situación es ya una grave perturbación del orden público que puede, de forma inminente, afectar la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana.
“El Gobierno no ha podido someter a las bacrim así todos los días se produzcan capturas. Si caen cinco hoy, mañana aparecen 10 nuevos. Es una problemática social, hay gente que no tiene trabajo y ahí termina”, dijo Chica a Colprensa, al describir la situación que se vive en la región caribe como un panorama de miedo.
“Gente de los mismos barrios, se sabe que están allí, no necesitan ni siquiera tener armas. El miedo está latente. En estos momentos nadie sabe cuántos son. Antes, con las Autodefensas, se sabía quiénes eran los jefes, hoy con bacrim tu no sabes con quién vas a dialogar, a quién vas a contactar”, agregó.
La velocidad de reclutamiento es clave para estas unidades criminales, pues si el año pasado hubo tres mil capturas, se estima que en total en las bacrim hay unas cinco mil personas regadas por muchos municipios. Hace tiempo pasaron de dedicarse sólo al narcotráfico para expandir su actividad criminal hacia la minería, el contrabando, la explotación forestal, la trata de personas y la protección de propiedades de testaferros de los antiguos paramilitares. En palabras de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, están intensificando el conflicto en algunas regiones del país.
Por esta razón, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, instó a los nuevos gobernadores y alcaldes a que tengan presentes los informes que elabora el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, y así prevenir violaciones a los derechos humanos.
No es para menos: de acuerdo con Pérez, en el 2011 se registraron 4.055 quejas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de las cuáles en 1.053 se achacan a los grupos surgidos tras la desmovilización paramilitar.
Igualmente, se estima que en 2011 fueron 23.763 las personas obligadas a desplazarse de sus tierras por las amenazas y acciones de estos grupos. En el 2010, fueron 20.916 personas. Estos hechos se presentaron principalmente en Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, Cauca, Santander, Meta y Norte de Santander.

Quiénes y en dónde
El último informe realizado por la CNRR, que incluye los escenarios de riesgo que expone la Defensoría del Pueblo, señala que ‘Los Rastrojos’ se encuentran en 166 municipios de 19 departamentos: San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Santander, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca, Nariño y Putumayo.
Por su parte, ‘Los Urabeños’ están en 176 municipios de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Chocó y el Valle.
Se trata de las dos bandas criminales más grandes del país. La primera, organizada como el ejército del extinto capo del norte del Valle Wílber Varela, alias ‘Jabón’, y ahora liderada por ‘Los Comba’, tiene, según fuentes policiales, un aproximado de 1.800 hombres y más de 400 redes criminales de apoyo. No obstante, analistas del conflicto, estiman que esta cifra es mucho mayor.
La segunda, creada por el extraditado jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, para la época cuando se desmovilizó el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, tiene un aproximado de 1.300 hombres y cerca de 560 redes criminales.
De ‘Los Urabeños’ cabe decir que, según la Corporación Nuevo Arco Iris, son una especie de ejército privado de los testaferros de los antiguos paramilitares y están cobrando deudas de los mismos.
Por el lado de ‘Los Paisas’, banda ligada a la ‘Oficina de Envigado’ y al extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, la CNRR evidenció su presencia en 61 municipios de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, Córdoba, Bolívar, Antioquia y Chocó. Tiene un aproximado, según fuentes policiales, de 200 hombres.
La Policía ha encontrado evidencias de alianzas narcotraficantes de ‘Los Urabeños’ en ciertas regiones con el Frente Quinto de las Farc y ‘Los Paisas’. Por el lado de ‘Los Rastrojos’, la alianza es también con ‘Los Paisas’ y con el Eln.
Eso sí, entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ las disputas son a muerte por el control de las rutas de envío de la droga al exterior, ya que ambos utilizan el Urabá antioqueño y chocoano para hacerlo hacia México, vía Centroamérica. Ambas bandas, además, tienen nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.
El Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac, creado por desmovilizados del Bloque Centauros de las Autodefensas tenía unos 700 integrantes. Pero, con el sometimiento a la justicia de 267, se desconoce cuántos quedaron operando y en qué partes específicas de los Llanos Orientales.
Antes del sometimiento, en diciembre de 2011, el Erpac tenía presencia, según la CNRR, en 28 municipios de: Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Meta, Huila y Cundinamarca. Entre quienes están hoy ya presos figura José López Montero, alias ‘Caracho’, quien fue jefe de sicarios del Bloque Centauros, era el jefe financiero y logístico de la banda y manejaba las rutas del narcotráfico desde el 2008.
Según la Defensoría del Pueblo, las bandas criminales, además de dedicarse al narcotráfico, en general buscan controlar la minería ilegal –por medio de la cuál lavan dinero- y presionar a las comunidades indígenas. Además, realizan cobros de extorsiones, amenazan con panfletos, mensajes de textos, correos electrónicos o encuentros directos a personas destacadas de las comunidades.
Además, están en plantaciones forestales, cadenas madereras, buscan captar recursos en industrias como el petróleo, carbón y el oro. En las ciudades más pobladas buscan controlar el microtráfico y en otras regiones buscan controlar los burdeles y la venta de licor en comercios.

Águilas negras
Si bien las Águilas Negras no son consideradas una banda criminal, sí son un grupo surgido tras la desmovilización paramilitar y así se autoproclaman.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reintegración, CNRR, tienen presencia en 44 municipios de Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Meta, Cauca, Nariño y Caquetá.
Se dedican principalmente a amenazar y hostigar con panfletos a personas socialmente estigmatizadas, dicen brindar protección a intereses económicos dedicados a la explotación de recursos mineros, según señaló la Defensoría del Pueblo, y promueven el desplazamiento y la muerte de quienes consideren simpatizantes de la guerrilla.

Operatividad
En 2011 fueron capturados 3.053 presuntos integrantes de las bandas criminales en 346 operaciones, en las que se incautaron 20 toneladas de cocaína.
En esas acciones la Policía asperjó 102.249  hectáreas de coca, erradicó manualmente 35.735  y se incautó de 128 toneladas de estupefacientes.