Las víctimas de paramilitares piden sumas millonarias

Hoy concluiría la audiencia dentro del incidente de reparación a las víctimas de la masacre de San Cayetano y Mampuján, en hechos ocurridos en marzo 11 y 12 de 2000, evento que se inició el 26 de abril. Esta audiencia hace parte del proceso penal que cursa contra los ex comndantes paramilitares Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino y Uber Banquez Martínez, alias Juancho Dique que lleva a cabo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ente que definirá si se prolonga este evento hasta la semana próxima. La última intervención estuvo a cargo de la fiscal 11 de Justicia y Paz, Yolanda Gómez Martínez, y de los defensores públicos, quienes ex-pusieron sobre los daños sufridos por los habitantes de las veredas Casinguí, Arroyohondo, Piedras Blancas, Pela el ojo y Las Brisas, de San Cayetano y Mampuján. La Fiscalía expuso que serían aproximadamente 856 familias (unas 1.638 personas) las que tendrían derecho a ser reparadas por los daños inmateriales y materiales ocasionados. Pasando al tema de los daños morales, se habló de afectaciones emocionales causadas por los sentimientos de dolor, impotencia y miedo constante, así como la pérdida de interés en generar un progreso individual, familiar y social. La fiscal también trató el tema de los daños comunes materiales como la pérdida y deterioro de la vivienda, pérdida de la tierra, pérdida total o parcial del modelo productivo, pérdida de los cultivos, pérdida de ganado y aves de corral, así como el incremente de gastos de comida, vivienda estudio y transporte. Las pretensiones Durante las audiencias por incidentes de reparación, familiares del corregimiento de San Cayetano presentaron sus pretensiones de reparación individual, que en promedio estuvieron alrededor de los 500 millones de pesos por núcleo familiar. La Defensoría pidió como indemnización cantidades que oscilaban entre los 450 y 500 millones de pesos. Para fijar dichas cantidades, el abogado manifestó que tuvo en cuenta aspectos como el lucro cesante (74 millones 290 mil 233), daño a la vida en relación (250 salarios mínimos vigentes), daños directos materiales (dependiendo de cada víctimas) y el daño moral (500 salarios mínimos vigentes). Lo que dicen los postulados Una vez escucharon las pretensiones de las víctimas, los dos postulados, en cabeza de Cobos Téllez, presentaron sus propuestas de reparación para las víctimas de San Cayetano. El postulado abordó primero el tema de la reparación material para lo que ofreció nueve fincas entregadas por él, de las cuales seis ya están legalizadas por el Fondo de Reparación a las Víctimas. Cobos Téllez propuso que las tierras legalizadas fueran divididas en una extensión de 4 hectáreas por víctima y las fincas que no se han legalizado se vendieran y que el dinero que se recoja se destine a la reparación económica a las víctimas. El pasado lunes 26 de abril se inició la primera audiencia de reparación y reconciliación dentro del proceso de Justicia y Paz. Ayer fue la décima, en las cuales se concretaron los predios que ha entregado ‘Diego Vecino’ para reparar a sus víctimas y aún está por determinarse la forma como van a ser entregados. Adicionalmente se ofreció una casa finca que pertenece a Uber Banquez y que está en proceso de legalización. Los procesados solicitaron al Tribunal que se tuvieran en cuenta para la reparación los vehículos entregados el día de la desmovilización del Bloque Héroes Montes de María y otras fincas entregadas por Mancuso y que están ubicadas en El Guamo. Y en cuanto a la reparación simbólica, los postulados propusieron la construcción de dos monumentos, uno en honor de Dalmiro Rafael Barrios, conocido en la región como ‘el rey del ñame’ y quien fue asesinado el 11 de marzo de 2000, y otro para todas las víctimas de desplazamiento de Mampuján, San Cayetano y las veredas aledañas. Así mismo plantearon la realización de charlas lúdicas en entidades educativas para mostrar lo negativo de la guerra y guiar a la juventud para que lo sucedido nunca se repita. No son viables Los abogados de las víctimas escucharon las propuestas de los postulados y consideraron que no eran viables, por lo que no hubo conciliación entre las dos partes. Ahora el Tribunal de Justicia y Paz tendrá la decisión final. ‘Diego Vecino’ reiteró que los predios a entregar fueron obtenidos por impuestos que pagaban los narcotraficantes. “Quedó claro que no menos del 70 por ciento de las finanzas de las AUC y del Bloque Montes de María pertenecían a impuestos que les cobrábamos a los narcotraficantes por la salida de droga a través del Golfo de Morrosquillo (Costa Atlántica de Colombia)”, dijo el ex jefe paramilitar. También reconoció que otra parte del dinero para comprar propiedades salió de la extorsión a las poblaciones.