Libertad de expresión en Ecuador preocupa a HRW

Ecuador mantiene vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa, señala el informe anual de Human Rights Watch (HRW).
    "Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos", indica el reporte de la ONG de derechos humanos difundido este domingo.
    Dicha iniciativa, aprobada vía referendo en mayo de 2011, propone un consejo que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, lo que HRW considera "términos vagos" que podrían "conducir fácilmente" a castigar a los "medios críticos" del gobierno.
    El informe sostiene que bajo la actual legislación los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad), y cita un documento de la ONG local Fundamedios, según el cual cinco reporteros fueron condenados por difamación desde 2008, mientras que 18 enfrentan cargos similares.
    HRW menciona en particular el caso del diario El Universo, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a Correa, que los demandó como ciudadano común por injurias calumniosas.
    Una audiencia de casación tendrá lugar el martes en este juicio, interpuesto a raíz de una columna en la que Palacio llama a Correa dictador y le advierte que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad.
    "El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la corte por supuestamente difamarlo", sostiene la organización.
    HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referendo de 2011 "podrían incrementar el poder del gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces", en el marco de una reestructuración del sistema judicial que hasta el año pasado tenía represadas 1,2 millones de causas.
    Asimismo, la ONG cuestiona los cargos de terrorismo contra indígenas envueltos en sabotajes durante protestas contra la explotación petrolera y minera, y denuncia que la impunidad por los abusos policiales sigue "muy extendida".