Llueven denuncias por desalojos en Tierrabomba

No paran de escucharse críticas y quejas por parte de algunos empresarios y nativos de Isla Tierrabomba, que alegan ser los propietarios de los predios de los que han sido expulsados desde el pasado 15 de diciembre. Aquellos desalojos motivados por una orden judicial a favor de particulares, impulsados por la Dirección Nacional de Es-tupefacientes (DNE), la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Fiscalía General, han levantado tal polvareda que las de-nuncias tanto de los afectados como de los interesados, vienen y van. Édinson Fortich Barraza, empresario y nativo, encabeza esta lista de querellas cuando acusa a varios agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena, de haberlo maltratado cuando solicitó que le fuera mostrada la orden judicial. “Mi predio ha pasado de generación en generación desde hace más de un siglo, yo le mostré al comandante toda la docu-mentación que me acredita como propietario ante la Oficina de Instrumentos Públicos, pero todo fue en vano”, replica. El empresario manifiesta que tres uniformados lo estrellaron contra el suelo luego de que vieran el revólver que tenía. “En el momento en que caí al suelo uno de los agentes puso su pie sobre mi cabeza. Fui esposado por más de 5 horas”, indica. Durante el operativo del 15 de diciembre, Fortich, quien dice ser el dueño de un lote de 106 hectáreas donde viven 2 fa-milias, denunció haber perdido más de $300 millones, luego de que las autoridades le derribaran dos casas y la alberca. Édinson insiste en que las autoridades no debieron tocar su predio, puesto que la propia Fiscalía, en un oficio del 2007, le ratifica que no se adelanta ningún trámite de extinción de dominio sobre su terreno. “En esos predios hay muchos intereses de varios funcionarios del Distrito y de la Gobernación, con mi abogado vamos a interponer una acción legal en la oficina de Estupefacientes en Bogotá, pues mi predio no tiene nada que ver con esa extin-ción de dominio”, concluye. Al igual que Fortich Barraza muchas personas están apelando la decisión del Estado, también ante la Procuraduría Gene-ral de la Nación. DESPLIEGUE EXCESIVO Otro de los perjudicados con esta acción judicial es Dussán Vélez, también empresario, quien dice haber comprado 11 hectáreas en la isla, hace 3 años. “A mí la familia del señor Fortich me vendió una posesión y un proindiviso, me costó aproximadamente $500 millones, más lo que le he podido invertir”, asegura Vélez. Al igual que Édinson Fortich, el empresario ve con preocupación algunas presuntas irregularidades en todo el marco del proceso. “La mayor prueba de que hay un vacío total es que en ningún momento la Fiscalía levantó actas de incautación ni realizó ninguna clase de demarcación sobre los predios, no hay ninguna prueba fehaciente de que esos terrenos les pertenezcan”, ar-gumenta. Añade también que “es muy raro que este tipo de acciones se desarrollen ahora a final de año, cuando la mayoría de los juzgados están cerrados”, especialmente uno con la jerarquía como para poder “tumbar” la tutela. Además de los atropellos y del despliegue militar, el cual tilda de excesivo, Dussán advierte que de su parte están en juego $800 millones en total, que espera no perder. Pese a que el panorama no es muy alentador para ninguno de los dos supuestos propietarios, ambos se amparan en un ofi-cio del 2007 en el que, en respuesta a un derecho de petición radicado en el mismo año, la DNE confirma que aquellos pre-dios “no son administrados por la DNE por cuanto no están puestos a disposición de la entidad, habida cuenta de que no pueden ser objeto de alguna medida cautelar”. (Documento citado textualmente, y firmado por Omar Adolfo Figueroa Re-yes, coordinador en ese año (2007) del Grupo de Sociedades de la DNE). FALLO Sin embargo, el fallo de tutela proferido por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro. Ordena la entrega formal y material de varios inmuebles en Cartagena, Arjona y Barranquilla, entre los que se destaca un apartamento en Castillogrande y uno en Bogotá, un terreno de 117 hectáreas en Arjona y cinco grandes lotes en el corregi-miento de Tierrabomba, los cuales estaban ocupados. De tal manera, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Fiscalía General, tienen que hacer cumplir dicha orden. LA FISCALÍA En julio de 2009 este organismo de control verificó toda la información y medición requerida para la identificación de los predios en Tierrabomba. Ya en septiembre, la Fiscalía manifestó la imposibilidad de entregar los bienes ante la ocupación de los mismos, razón por la que acudió a la tutela. LOS BENEFICIADOS Cabe resaltar que Inversiones Bocachica S.A, encabezada por el gerente Néstor Dávila, Fernando Martínez Bohórquez y otros familiares, es en definitiva la beneficiada con este procedimiento judicial que adelanta la DNE, la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Fiscalía General. TOMA DE LA ISLA Seis fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio, siete funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), acompañados por 160 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 40 agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena, siguen desalojando a todas aquellas personas que ocu-pan predios de los particulares que los reclaman al amparo de la tutela mencionada. Los operativos por extinción de dominio continuarán hasta que sea devuelto el último de los bienes que administraba la DNE y que pertenecen a la empresa en mención y a otras personas.