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Los Angeles apoya ajustes a polémica ley de inmigración

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El Concejo de la ciudad de Los Angeles aprobó el martes una resolución de apoyo a leyes que permitirán que gobiernos locales tengan la opción de participar en un controversial programa de inmigración, mediante el cual se deportan a indocumentados que son detenidos. 

La iniciativa del concejal Bernard Parks fue aprobada por 11 votos a favor y uno en contra. Pide respaldar cualquier esfuerzo legislativo en favor de que el programa Comunidades Seguras, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), sea voluntario y ofrezca a gobiernos locales la opción de participar. 

Actualmente, Comunidades Seguras es obligatorio y los gobiernos locales no tienen la opción decidir si cooperan, de acuerdo con el gobierno federal. Gobiernos locales y estatales están desafiando esta regulación. 

A través del programa, policías locales notifican electrónicamente al ICE cada vez que detienen a un inmigrante indocumentado. Una vez fichado, las huellas dactilares del arrestado son cotejadas con bases de datos de violaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional, de antecedentes penales del FBI, entre otras. 

Si se confirma que el arrestado es indocumentado, se inicia un proceso que eventualmente termina en deportación. 

Mediante el programa se han deportado a 14.613 inmigrantes en el condado de Los Angeles, de agosto del 2009 a abril del presente, de acuerdo con cifras de ICE. De éstos, más del 75% (11.002 personas) fueron convictos. Los otros 3.611 inmigrantes fueron clasificados por ICE como no-convictos. 

Para ICE, la clasificación de “no convicto” significa que el inmigrante no fue hallado culpable de un delito, pero no quiere decir que el inmigrante no haya sido arrestado antes, ni que no haya reingresado al país ilegalmente o que no tenga orden de deportación. 

Citando cifras de ICE, activistas, policías y funcionarios electos han dicho que el programa ha deportado más inmigrantes no convictos y convictos de delitos menores que convictos por delitos graves. 

A nivel nacional, entre octubre del 2008 a abril de 2011 se deportaron a 31.834 no convictos y 33.487 convictos de hasta dos delitos menores, de acuerdo con la agencia de inmigración. Esta suma contrasta con los 28.156 deportados que fueron condenados por delitos serios, como asesinatos y violaciones, o de dos o tres delitos graves. 

Al exhortar a sus colegas a votar en favor de la resolución, Parks dijo que Comunidades Seguras socava la confianza de la comunidad inmigrante en la policía. 

Una vez que los inmigrantes pierden la confianza en la policía, ellos dejan de reportar delitos y aumenta la cantidad de delitos, explicó el legislador, ex jefe del Departamento de Policía de Los Angeles. 

Por ello, la aprobación de la resolución es un gran espaldarazo para la comunidad inmigrante, indicó Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica, coalición de 10 clubes sociales mexicanos. 

“Nuestra gente indocumentada tiene miedo hasta de ir a trabajar porque maneja y tiene miedo que la policía los pare cualquier día y los deporten”, dijo el activista. “Estamos contentos porque la ciudad de Los Angeles está diciendo esta resolución que los inmigrantes están aquí para trabajar y no deben de tener miedo a la policía”. 

Inicialmente, el ICE dijo que la participación en el programa era voluntaria y que los participantes podían decidir no enviar las huellas dactilares al Departamento de Seguridad Interna, pero después aclaró que la cooperación era obligatoria.

 

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