Los corruptos en Colombia se roban 3,9 billones de pesos al año

Con los 3,9 billones de pesos que se roban los corruptos en el país cada año, se podrían educar 80.000 profesionales, se harían 2.000 acueductos, se construirían 2.200 alcantarillados o se formarían 325.000 niños. El director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o Zar Anticorrupción, Óscar Iván Ortiz, explicó que es tan grave este problema en el país, que el año pasado a su oficina llegaron 7.000 casos, “desde los que tienen información absolutamente comprobable, hasta los que son rumores”. “El fenómeno de la corrupción es inmenso y se renueva, hay trampas muy sofisticadas con el manejo por ejemplo de las regalías, trampas con los excedentes financieros, hay trampas muy sofisticadas con las fiducias, en las mesas de dinero, hay muchas modalidades, hay una gente que está renovando su portafolio de corrupción todo el tiempo”, agrega. En entrevista con Colprensa, Ortiz hace un balance de este problema en el país. ¿De dónde sale la cifra de $3,9 billones que se llevan los corruptos? –El Programa Presidencial tuvo en cuenta un estudio que hizo el año pasado la Universidad Externado de Colombia, llamado Transparencia por Colombia, en el cual encuestaron a 560 empresarios entre pequeños, medianos y grandes. Se les indagó por cuanto consideraban ellos que era el promedio del soborno para acceder a contrataciones y contestaron que era el 12,9% del valor de un contrato, el que se iba en soborno para acceder a él. El Programa Presidencial le aplicó esa cifra al presupuesto nacional que son $30 billones y la mayoría se ejecutan a través de contrataciones. Hicimos el cálculo de cuánto era el 13% de esos 30 billones y eso nos da 3,9 billones de pesos. Con esos $3,9 billones se podrían educar 80.000 profesionales, pagando a $5 millones el semestre; se podrían construir 2.000 acueductos, cerca de 2.200 alcantarillados, se podrían educar 325.000 niños durante un año, con los precios de la educación en Bogotá. Procedimiento ¿Cuáles son las modalidades que más se presentan en corrupción? –Las modalidades de corrupción son enormes. Nosotros desde el Programa Presidencial hemos venido conformando un manual de “tramparencia”, mostrando la cantidad de modalidades de corrupción y no solamente en el caso del Estado, sino las diferentes formas de trampa en el tema contractual, electorales, en la selección de las personas, en la prestación de los servicios en los trámites. Como hay una gente que está dedicada a “hecha la ley, hecha la trampa”, necesitamos que haya cada vez más ciudadanos y servidores públicos que no sólo seamos sensibles frente al tema de corrupción, y reaccionemos inteligentemente y activemos todos los mecanismos necesarios para actuar al contrario: “hecha la trampa, hecha la ley”. ¿Y cómo se hace? –Para combatir el virus de la corrupción hay que crear unos antivirus, unas vacunas y esos mecanismos son fundamentalmente el acceso a la información pública. Hay que asegurarse de que los ciudadanos accedan a la información pública, la visibilidad, que haya más ciudadanos y organizaciones y servidores públicos haciendo veeduría y control de los asuntos públicos, que haya control social, que haya participación ciudadana. Entonces nosotros impulsamos mecanismos como las auditorias visibles. ¿Cómo es el modus operandi de los corruptos? –Hay muchos, hay por lo menos 50 que tenemos en el manual de “Tramparencia”. ¿Los casos son muy difíciles de detectar? –Hay unos más sofisticados que otros, hay otros mucho más evidentes. Hay una cantidad enorme, se necesita aguzar los sentidos, conocer el funcionamiento del Estado, conocer los derechos del ciudadano, para detectarlos. En todas las actividades ¿En qué tipo de entidades o empresas, hablando de pública o privada, se detecta más la corrupción? –Hay unos sectores más vulnerables, yo creo que podemos hablar de los recursos provenientes de minerales y otros recursos minerales no renovables, que es lo que se conoce como las regalías. Esos dineros generan principalmente una fuente de solución porque son dineros importantes para la Nación, y los municipios y los departamentos. Las regalías no debieran ser un problema sino una solución. Sin embargo, en muchas entidades territoriales lamentablemente esa riqueza súbita genera una sensación de abundancia como si fuera infinita y no hay la conciencia de que esos recursos y esos dineros que se derivan de esa explotación son finitos, se acaban. Entonces genera la sensación como si estuviéramos en una ‘Colombia Saudita’. Entonces, después de 20 años de la explotación de una zona petrolera, se pierde la oportunidad de desarrollo y genera más pobreza. ¿Hay en las entidades públicas más eventos de corrupción? –Yo no tengo un factor, obviamente se asocia más la corrupción al interés publico, entonces en un principio es más del Estado, se supone, pero muchas veces hay corrupción del sector privado cuando entra en contacto con el sector estatal, por ejemplo, en los sobornos para contratación hay corrupción en el Estado y en el sector privado. Pero hay casos de corrupción en el sector privado solito, por ejemplo, cuando un jefe de compras de una empresa privada pide comisiones por contratar también. ¿Cómo detectan cada caso? ¿La envidia causa que se denuncie a los corruptos? Eso es muy importante, tenemos que volverles inseguros los acuerdos tramposos a la gente. Valdría la pena revisar la tipificación penal de ciertos delitos porque hoy las disposiciones legales en varios tipos delitos hace que haya solidaridad con una ley del silencio, pero tiene culpa tanto el que paga por pecar, como el que peca por la paga. Pero un sistema legal que trata igual a ambos casos, estimula que haya acuerdo y silencio. Debería haber un sistema que les vuelva inseguros esos pactos a los delincuentes y generar un tratamiento mas benigno para el que denuncia. ¿Esto quiere decir que la organización que usted está dirigiendo hace labores de inteligencia e infiltra personas? –No, el programa presidencial no tiene esas facultades. No tiene dientes, ni la facultad de proferir sanciones, no podemos mandar gente a la cárcel, no podemos destituir personas, no imponemos multas, somos aliados de los servidores públicos y de los ciudadanos o empresarios que quieren jugar limpio en el país, entonces frente a las informaciones que nos llegan abogamos para que no haya corrupción y para que los casos de corrupción que haya se castiguen. ¿Cómo funcionan ustedes ante un caso? –Algunas denuncias llegan primero a esta oficina, pero la mayoría son denunciados acá como última instancia. El programa presidencial coge esa información, la complementa, la verifica desde el punto de vista fáctico de los hechos, desde el punto de vista del derecho, para proyectar y facilitar la intervención, y luego le hace seguimiento a los casos, nosotros somos muecos, pero eso no es un defecto. No queremos tener ni dientes ni simularlos con implantes ni con prótesis, pero los que no deben carecer de dientes son la Fiscalía y la Procuraduría para poder imponer las sanciones que corresponden. Aquí la gracia no está en los dientes sino en las neuronas, y por neuronas entendemos la característica de cada vez comprender mejor el fenómeno de la corrupción para anticiparnos e inventarnos antivirus. ¿Cuántos casos se reciben en promedio? –El año pasado nos llegaron unos 7.000 casos, desde los que tienen información absolutamente comprobable, hasta los que son rumores. Pero hay otros casos de un nivel medio, en los que nosotros hacemos nuestras averiguaciones para complementar y otros casos que nos llegan superbién estructurados. Espacio público en Cartagena En Cartagena los escándalos más notorios por corrupción se han dado en los negociados con el espacio público, sobre todo aquellos que se encuentran en zonas de playas. En abril de este año uno de estos escándalos se dio precisamente en la Gerencia de Espacio Público, dentro del cual resultó declarado insubsistente el gerente Carlos Julio Milano, cuando fue revelada a través del diario local El Universal de Cartagena una extraña grabación donde una funcionaria de esta dependencia, pedía unos diez papeles, es decir 10 millones de pesos, por un permiso en las playas de Blas el Teso, para dejar funcionar un negocio de nombre Luxury Beach, de propiedad de la empresaria bogotana Mireya Pinilla. Pinilla, al ser consultada, afirmó la veracidad de las grabaciones, dejando entrever que la estaban obligando a dar dinero y que junto a éstas, existían otras pruebas que posteriormente también fueron reveladas.