Madres piden carácter de servidoras públicas

Las madres comunitarias que laboran en Cartagena salieron ayer a la calle, a exigirle al Estado que les reconozca su condición de trabajadoras públicas, y por consiguiente sus pres-taciones sociales de ley por la labor que ejercen de cuidado y atención de niños y niñas en la primera infancia, muchas de ellas desde hace 20 años. Según Sisy Bonilla Díaz, vocera de las madres comunitarias, el gobierno ha querido pri-vatizar a los hogares a través de ONG que no cumplen los requisitos, “que no realizan el tra-bajo adecuadamente de suministrar la alimentación y cuidado a los niños y niñas”. La preocupación de las manifestantes es creciente al considerar que con la contratación de otras entidades, el gobierno de Álvaro Uribe pretende privatizar este servicio para la infancia, y que al final quedarán la madres en la calle, sin garantía alguna de calidad de vida. En Colombia hay más de 78 mil madres comunitarias dirigidas por el Instituto Colom-biano de Bienestar Familiar (ICBF), y el programa del que ellas hacen parte se conoce con el nombre de Hogares de Bienestar. Peticiones Las Madres Comunitarias marcharon ayer para defender los recursos parafiscales del Bie-nestar Familiar. Exigen recursos suficientes para brindar gratuidad en el servicio, mejorarle a los niños las raciones alimentarias y las demás condiciones de atención, como el material didáctico dura-dero y de consumo adquirido directamente por las asociaciones de padres administradoras del programa, conforme a las necesidades y el costo favorable. De igual forma, exigen que se mantenga la contratación con las Asociaciones de Padres de Familias de los usuarios del programa. Requerimientos Las mujeres vinculadas al Programa de Hogares de Bienestar de igual forma le solicitan al Gobierno Nacional afiliación directa a las cajas de compensación familiar y subsidios para la compra de vivienda. Así mismo, que a los Hogares de Bienestar Familiar se les facturen las tarifas de servicios públicos que corresponden a estrato 1, como lo establece el Decreto 3590 de 2007, y pensión para las madres comunitarias más antiguas. Apreciaciones del ICBF Según el director del Bienestar Familiar en Bolívar, Jorge Redondo, el 98% de los hogares en el Departamento si-guen administrados por las Asociaciones de Padres de Familias, y con aquellos que no lo están, se realizó contrata-ción con ONG mientras se organizan. “Esta determinación se tomó porque no le dieron cumplimiento a la contratación, les estregamos los recursos y no desarrollaron los cronograma establecidos, y en algunos casos no suministraron los servicios adecuadamente. Es-peramos que se reorganicen para volver a contratar”, explica Redondo Suárez. Respecto al cobro de las tarifas de servicios de agua, alcantarillado y recolección de basuras, el funcionario dice que el listado de las madres comunitarias reposa en las empresas de servicios públicos, que han hecho los cobros que corresponden. “Lo que sucede es que ellas no ven la diferencia, porque en su mayoría todas pertenecen al estrato 1” Redondo de igual forma explica que no se les puede reconocer la condición de empleadas públicas como lo solici-tan, porque nunca lo han sido y “el Bienestar Familiar siempre ha contratado con las Asociaciones de Padres de Familias”. Madres protestan en Bogotá BOGOTÁ, COLPRENSA Más de 300 madres comunitarias de distintos hogares de todo el país se tomaron ayer en Bogotá la Avenida 68 con Carrera 54, sitio donde está la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La movilización de madres comunitarias fue convocada principalmente para que sean reconocidas como trabajado-ras y de esta manera poder acceder a un salario digno. También reclaman la afiliación directa a Cajas de Compensación Familiar y que les sea garantizado el derecho a te-ner una pensión legal. Otro punto que incluyen dentro del pliego de peticiones es que sean tenidas en cuenta por el Ministerio de Educa-ción y el ICBF en los programas que vienen desarrollando para construir hogares múltiples y jardines sociales. “Nos está afectando el Plan Decenal del Ministerio de Educación. Queremos saber qué va a pasar con nosotras las madres comunitarias. El programa tiene 22 años y no tenemos aún derecho a la pensión”, señaló Magdalena Ca-macho Moreno, representante legal de la Unión Sindical de Trabajadoras de Hogares Comunitarios de Bienestar. La presidenta de la mesa nacional de negociación de las organizaciones de madres comunitarias, Sintracihobi, Olin-da García, le dijo a Colprensa que se está dialogando con la directora del ICBF, Elvira Forero, para entrar en una conciliación con las líderes de la manifestación. “Queremos que nos escuchen y nos den soluciones. Lo que nos ofrecen es el subsidio del anciano indigente y en pobreza extrema. Son en promedio 80 mil pesos”, comentó Camacho Moreno.